El juez Moreno cita como investigados a Víctor de Aldama y Koldo García por el caso de las mascarillas
Ismael Moreno, magistrado de la Audiencia Nacional y responsable del Juzgado Central de Instrucción número 2, ha citado a declarar en calidad de investigados al empresario Víctor de Aldama y al exasesor ministerial Koldo García Izaguirre. Las comparecencias se han fijado para el próximo 14 de mayo, en el marco de la instrucción que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia de COVID-19.
Según la providencia judicial, las declaraciones tendrán lugar a partir de las 10:00 y las 10:30 horas, respectivamente. Para el desarrollo de la diligencia, el instructor ha solicitado el traslado de Koldo García desde el centro penitenciario de Soto del Real, donde permanece en situación de prisión preventiva. La citación se produce apenas veinticuatro horas después de la conclusión prevista del juicio que se sigue de forma paralela en el Tribunal Supremo y que afecta también al exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Alcance de la investigación en la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional coordina actualmente la investigación sobre la adjudicación de contratos públicos a diversas empresas para el suministro de mascarillas y otros productos de protección. El objeto de las pesquisas incluye no solo las compras realizadas por organismos dependientes de la Administración General del Estado, sino también los expedientes tramitados por los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias bajo la gestión sanitaria de la época.
En este contexto, informes recientes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han aportado nuevos elementos a la causa. Entre ellos destaca el análisis de la gestión en las Islas Baleares, donde la documentación apunta a que la entonces presidenta autonómica y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, delegó la responsabilidad operativa de las compras de material en Manuel Palomino, quien ejercía como director de Gestión del Servicio de Salud de las islas.
Informes de la Agencia Tributaria y presunto fraude fiscal
Al margen de los procedimientos de contratación pública, el juez Moreno ha incorporado a la causa un informe de la Agencia Tributaria que detalla la actividad económica del empresario Víctor de Aldama durante el ejercicio 2020. Según el organismo fiscal, el investigado habría defraudado a la Hacienda Pública una cifra cercana a los 2,4 millones de euros derivada de los beneficios obtenidos por el suministro de material sanitario.
Con estas nuevas comparecencias, la instrucción busca esclarecer la red de influencias y el reparto de comisiones que, según los indicios recabados hasta la fecha, habrían articulado la obtención de contratos públicos por parte de las mercantiles vinculadas a los investigados en los momentos críticos de la crisis sanitaria.
