Junts condiciona el decreto de alquileres a la inclusión de deducciones fiscales para hipotecas y arrendamientos

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha instado al Gobierno a iniciar de manera inmediata las negociaciones relativas al nuevo decreto para la prórroga de los contratos de alquiler. La formación ha supeditado su respaldo parlamentario a la incorporación de medidas de alivio fiscal, específicamente la desgravación de los gastos destinados tanto al arrendamiento como al pago de cuotas hipotecarias.

En declaraciones institucionales, Nogueras ha calificado de «imprescindible» que cualquier ciudadano que afronte el pago de una vivienda, independientemente de su régimen de tenencia, pueda beneficiarse de incentivos en su declaración de impuestos. Según la portavoz, la implementación de estas deducciones permitiría dotar de mayor liquidez a los hogares en un contexto de elevada presión sobre el mercado habitacional.

La representante de Junts ha reprochado al Ejecutivo lo que considera una «lentitud» injustificada en la tramitación de estas políticas. Nogueras ha subrayado que las propuestas de su grupo ya se encuentran registradas en la Cámara Baja, asegurando que la administración central solo debería proceder a su integración en el texto normativo. «Nosotros los deberes los tenemos hechos; el Gobierno solo tendría que copiar, pegar y publicar», ha aseverado la portavoz para enfatizar la viabilidad técnica de su propuesta.

Asimismo, la formación ha defendido la necesidad de restaurar la «seguridad jurídica» en el sector inmobiliario, señalando que el marco legal actual ha perdido estabilidad en los últimos años. En este sentido, Junts ha abogado por corregir los aspectos técnicos de los textos impulsados por Sumar, argumentando que la normativa debe ser revisada para evitar defectos que afecten al mercado de la vivienda.

La posición de Junts sitúa la política fiscal como eje central de la negociación para la convalidación del próximo paquete de medidas sobre vivienda. La exigencia de estas desgravaciones se enmarca en la estrategia del grupo para diferenciar su modelo de gestión del propuesto por el Gobierno de coalición, condicionando la estabilidad de los decretos ley al cumplimiento de sus demandas económicas.