Ábalos y Koldo García comparecen ante el Tribunal Supremo tras las revelaciones de Víctor de Aldama
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su antiguo asesor, Koldo García, están citados a declarar este jueves en el Tribunal Supremo en el marco del juicio por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas durante la crisis sanitaria de la COVID-19. Esta comparecencia se produce tras el extenso interrogatorio del empresario Víctor de Aldama, quien en la sesión del miércoles señaló la existencia de una estructura jerárquica en las operaciones investigadas.
Durante su declaración, Víctor de Aldama, considerado por los investigadores como el presunto nexo de la trama, afirmó que las decisiones contaban con el conocimiento de las altas esferas del Ejecutivo. El empresario detalló supuestos pagos realizados tanto al exministro como a su asesor que oscilarían entre los tres y los cinco millones de euros. Asimismo, sostuvo que el objetivo de estas maniobras incluía la búsqueda de financiación externa para la formación política del Gobierno mediante la intermediación de empresas constructoras.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para José Luis Ábalos una pena de 24 años de prisión, mientras que para Koldo García pide 19 años y seis meses. Los cargos imputados incluyen pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Adicionalmente, el Ministerio Público interesa el abono de una multa que asciende a los 3,8 millones de euros para los principales encausados.
Por su parte, para Víctor de Aldama, la Fiscalía ha reducido la petición de condena a siete años de cárcel y una multa de 3,7 millones de euros. Esta solicitud contempla la atenuante de confesión, tras haber reconocido su participación en los tres primeros delitos de los que se le acusa en su escrito de defensa. El fiscal del caso, Alejandro Luzón, sostiene que existió una «cohesión» entre los implicados que facilitó una «interlocución privilegiada» en el Ministerio de Transportes y otros departamentos de la Administración General del Estado.
Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular (PP), han elevado la petición de penas para el exministro Ábalos y su asesor hasta los 30 años de prisión. En cuanto a la situación de Aldama, la parte demandante coincide con la cuantía punitiva solicitada por la Fiscalía. La sesión de este jueves será clave para contrastar las versiones de los acusados frente a los testimonios y pruebas documentales aportadas durante la instrucción de la causa.
