Manuel Morocho denuncia vigilancias y presiones durante la investigación del caso Gürtel ante la Audiencia Nacional
El inspector Manuel Morocho, investigador principal del caso Gürtel, ha comparecido por segunda jornada consecutiva ante la Audiencia Nacional en el marco del juicio por el denominado caso Kitchen. Durante su declaración como testigo, Morocho ha denunciado la existencia de indicios de vigilancia y monitorización en su despacho y vehículo particular, así como una estrategia institucional dirigida a obstaculizar el avance de las pesquisas sobre la presunta caja B del Partido Popular.
Ante el tribunal, el inspector ha relatado el hallazgo de material sospechoso en su lugar de trabajo, concretamente una bolsa con tornillería, un taladro y matrículas oficiales de la Policía Nacional. Según su testimonio, estos elementos sugerían la posible instalación de dispositivos de escucha. Morocho ha señalado que esta situación llevó al entonces juez instructor, Pablo Ruz, a adoptar medidas de seguridad excepcionales, como el uso de ordenadores portátiles ajenos a la red oficial para evitar filtraciones y el desplazamiento a zonas exteriores para tratar asuntos sensibles de la investigación.
El testigo ha calificado como un «salto de calidad» el incremento de las presiones recibidas a partir de la llegada del Partido Popular al Gobierno. Morocho ha sostenido que se ejecutó una estrategia para desmantelar su grupo de trabajo en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Según los datos aportados, entre 2013 y 2015 la unidad perdió a gran parte de sus efectivos clave, quienes fueron destinados a otros puestos con mejores retribuciones, lo que derivó en una falta de capacidad operativa para finalizar diversos informes periciales.
En el transcurso del interrogatorio, Morocho ha respondido a las preguntas de las defensas sobre su relación con mandos policiales ahora procesados. El inspector ha mencionado que un superior le comunicó en su día que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, conocía su identidad. Asimismo, ha vinculado a José Luis Olivera, exjefe de la UDEF, con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, ambos acusados en esta pieza separada del caso Tándem.
Por su parte, las defensas de los acusados han cuestionado al inspector sobre el respaldo que recibió durante su carrera, citando la concesión de medallas y el apoyo del exdirector adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino frente a críticas mediáticas. También han solicitado aclaraciones sobre viajes internacionales realizados por el testigo, como desplazamientos a Kenia relacionados con la lucha contra la piratería, que Morocho ha definido como tareas adicionales y ocasionales otorgadas por sus superiores.
La declaración de Morocho resulta clave para el tribunal que juzga la presunta operación parapolicial diseñada para sustraer información sensible al extesorero Luis Bárcenas. El inspector ha concluido que el objetivo de los ataques y las querellas recibidas durante aquel periodo formaban parte de una dinámica para socavar la credibilidad de la investigación judicial y policial sobre la financiación de la formación política.
