El Ministerio de Cultura reclama 54.000 euros a la Fundación Instituto de Cultura Gitana por irregularidades en subvenciones
El Ministerio de Cultura ha iniciado formalmente la reclamación de 54.596,97 euros a la Fundación Instituto de Cultura Gitana tras detectar diversas irregularidades en la justificación de subvenciones públicas. La decisión, adoptada por el departamento que dirige Ernest Urtasun, responde a la identificación de «inconsistencias» en la documentación presentada por la entidad en cuatro ejercicios distintos, concretamente en los periodos correspondientes a 2020, 2022, 2023 y 2024.
Según la resolución oficial del ministerio, los importes que la fundación debe reintegrar se desglosan en 16.094 euros del ejercicio 2020, 18.299 euros de 2022, 18.879 euros de 2023 y 1.394 euros de 2024. Estos procedimientos de reintegro parcial se encuentran actualmente en distintas fases administrativas de devolución o revisión, tras concluir los controles internos que determinaron que determinados gastos no habían sido correctamente acreditados conforme a la normativa vigente.
A pesar de la cuantía y la reiteración de las faltas de justificación, el Ministerio de Cultura ha descartado por el momento dar traslado de los hechos a la Fiscalía. En el documento administrativo, el departamento afirma que no se consideraron evidencias suficientes de delito para iniciar una comunicación con el Ministerio Público. No obstante, la resolución confirma que la cartera de Cultura ha sido requerida para aportar documentación en el marco de diligencias de investigación preprocesal por parte de instancias externas, lo que indica que la gestión de los fondos está bajo escrutinio judicial.
Los informes internos que precedieron a esta resolución señalaban prácticas sistemáticas presuntamente irregulares que se remontarían a años anteriores. Entre las anomalías detectadas por los técnicos figuran el cobro de dietas duplicadas en una misma jornada, kilometrajes de difícil justificación y desplazamientos declarados que resultaban incompatibles con la presencia física de los responsables en otros lugares de forma simultánea. Estas advertencias técnicas llegaron a mencionar posibles delitos de apropiación indebida y falsedad documental.
Como consecuencia directa de estas actuaciones, el Ministerio de Cultura procedió el pasado mes de junio a la destitución del entonces director de la Fundación, Diego Fernández. El cese se justificó oficialmente por una «pérdida de confianza» vinculada a los hallazgos de los controles económicos. La Fundación Instituto de Cultura Gitana, una entidad pública adscrita al propio ministerio, recibe una financiación estatal que ha alcanzado los 350.000 euros anuales en ejercicios recientes.
Para prevenir la repetición de estos incidentes, el Ministerio ha anunciado un refuerzo de los mecanismos de supervisión y la implementación de nuevas instrucciones internas para la justificación de gastos. Asimismo, se ha dado traslado de todas las incidencias a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que ha iniciado sus propias actuaciones de control sobre la actividad económica de la fundación para garantizar la correcta aplicación del dinero público.
