Por Andalucía propone una reforma de la Ley de Dependencia para limitar la espera a un máximo de seis meses

El candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha presentado una batería de medidas destinadas a reformar el sistema de atención a la dependencia en la comunidad autónoma. La propuesta central busca garantizar por ley que el tiempo de espera para recibir las ayudas reconocidas no exceda los seis meses, estableciendo mecanismos de responsabilidad administrativa en caso de incumplimiento.

Durante un acto público en el municipio sevillano de Fuentes de Andalucía, Maíllo detalló el modelo denominado ‘3×3’, el cual fija un plazo máximo de tres meses para la resolución de la solicitud y otros tres meses adicionales para la ejecución efectiva de la prestación. Para los expedientes calificados como «más graves y urgentes», la confluencia propone un sistema ‘1×1’ que reduzca el proceso total a dos meses para asegurar una respuesta inmediata de la Administración.

Para alcanzar estos objetivos, el plan de Por Andalucía contempla duplicar el número de profesionales destinados a las labores de valoración y gestión. Asimismo, la propuesta incluye la creación de un sistema de indemnizaciones económicas para las personas solicitantes en los casos en que el Gobierno andaluz no cumpla con los tiempos legales establecidos, incentivando así la agilidad en la tramitación de los expedientes.

Maíllo fundamentó la necesidad de esta reforma en los datos actuales de gestión, señalando que Andalucía registra una espera media de 477 días, cifra que supera ampliamente los 180 días estipulados por la normativa vigente. El candidato calificó la situación de «insostenible» y denunció que los retrasos administrativos se traducen en un ahorro presupuestario a costa de los sectores más vulnerables de la población.

En el ámbito administrativo, la coalición apuesta por la «humanización» del sistema. Esto implicaría la garantía de atención presencial y gratuita en oficinas públicas con acompañamiento de personal funcionario. Según explicó Maíllo, esta medida pretende eliminar la brecha digital que actualmente obliga a muchos solicitantes, especialmente personas mayores, a recurrir a gestorías privadas para tramitar derechos que deben ser garantizados por el sector público.

Finalmente, el representante de Por Andalucía defendió la gestión directa de los servicios municipales como modelo de eficacia y cercanía. Durante su intervención, reivindicó el papel de lo público frente a los conciertos con el sector privado, reafirmando el compromiso de su formación con un sistema de dependencia que sea «ágil, digno y accesible» para poner fin a la vulneración de los derechos de las personas dependientes en la región.