Álvaro García Ortiz valora su condena como una «muerte civil» y defiende su gestión en la Fiscalía
El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha roto su silencio tras ser condenado por el Tribunal Supremo por la filtración de datos reservados relacionados con el procedimiento fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En su primera intervención pública, el jurista ha calificado el proceso como una experiencia de «muerte civil» y ha manifestado que el fallo condenatorio supuso una «sorpresa muy dura», dado que mantenía la convicción de que resultaría absuelto.
García Ortiz ha defendido su inocencia respecto a la autoría directa de la filtración del correo electrónico donde la defensa de González Amador proponía un pacto de conformidad a la Fiscalía. A pesar de la sentencia, el exfiscal ha rehusado cuestionar la profesionalidad de los magistrados del Tribunal Supremo, apelando al respeto institucional, aunque ha reconocido que la situación de verse sentado en el banquillo es algo «inimaginable» para un representante de su rango en el Ministerio Público.
En el ámbito de las responsabilidades civiles, el exfiscal general ha calificado de «paradoja» la obligación de abonar una multa de 7.000 euros al particular afectado. Según su testimonio, resulta complejo que quien ostenta la función de perseguir delitos termine realizando un pago compensatorio a una persona que se encuentra inmersa en una investigación judicial. «No me ha gustado en absoluto», ha señalado en referencia al cumplimiento de esta sanción económica.
Durante la entrevista, García Ortiz ha abordado las críticas recibidas y la presión personal sufrida por él y su familia. Ha relatado episodios de hostilidad en la vía pública y ha lamentado el impacto de los titulares informativos en su entorno cercano. Asimismo, ha explicado que su decisión de no dimitir de forma inmediata tras su imputación respondió a un intento de evitar la sensación de «debilidad institucional», a pesar de las dudas personales que mantuvo sobre su continuidad en el cargo.
Uno de los puntos clave de su comparecencia ha sido la explicación sobre el borrado de contenidos de su teléfono móvil el mismo día de su imputación. García Ortiz ha enmarcado esta acción en una práctica sistemática de limpieza de datos vinculada a su intimidad y al cambio de terminal. No obstante, ha admitido que vivió con inquietud la posibilidad de que información «ultrasensible» de la Fiscalía pudiera quedar expuesta tras el registro de su despacho por parte de la Unidad Central Operativa (UCO), cuya actuación calificó de profesional.
Finalmente, el exfiscal ha detallado que tuvo conocimiento previo de que su imputación se produciría, asegurando que diversas fuentes se lo comunicaron días antes de que fuera oficial. Respecto a su futuro profesional y personal, ha indicado que se encuentra en un «periodo de duelo» y reflexión, sin planes inmediatos más allá de asimilar las consecuencias del proceso judicial concluido.
