Interior reconoce la ausencia de registros estadísticos sobre agresiones en los centros de internamiento de extranjeros
El Ministerio del Interior ha admitido, a través de una resolución administrativa del Portal de Transparencia, que no dispone de cifras concretas ni sistematizadas sobre las agresiones registradas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Según el documento emitido por la Dirección General de la Policía, los sistemas de bases de datos actuales no permiten extraer de manera fiable información estructurada sobre incidentes violentos, ya sea entre internos, de internos hacia funcionarios o viceversa.
La resolución responde a una solicitud de acceso a la información pública que requería un desglose detallado de las agresiones producidas en estas instalaciones desde el año 2016, especificando, en la medida de lo posible, la nacionalidad de los implicados. La Administración ha justificado la imposibilidad de facilitar estos datos argumentando que sus herramientas estadísticas están orientadas a necesidades operativas y de seguridad ciudadana, y no a la generación de informes pormenorizados para fines analíticos o externos.
Desde el Ministerio se alega que, aunque existen filtros de búsqueda en las bases de datos policiales, estos no están diseñados para cuantificar con precisión la conflictividad interna en los CIE. Esta limitación técnica impide conocer con exactitud el volumen de incidentes y la gravedad de los mismos, una situación que, según fuentes administrativas, imposibilita ofrecer una respuesta que cumpla con los estándares de fiabilidad requeridos en las peticiones de transparencia.
Este escenario de falta de datos se produce en un contexto de creciente presión judicial sobre el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. En 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya condenó al Ministerio del Interior por no facilitar información relativa a las quejas registradas y los recursos sanitarios disponibles en estos centros, tras una reclamación del Servicio Jesuita de Migrantes (SJM). La sentencia subrayó entonces la obligatoriedad de cumplir con la Ley de Transparencia para permitir el control social de las instituciones.
Diversas organizaciones sociales y entidades de defensa de los derechos humanos han reiterado que el acceso a estas estadísticas es fundamental para evaluar las condiciones de internamiento y la eficacia de la política migratoria actual. Sostienen que la opacidad informativa dificulta la fiscalización de la seguridad en centros donde se han registrado altercados notorios en los últimos meses, como intentos de fuga con agentes heridos en Madrid o evasiones mediante métodos rudimentarios en Valencia.
La falta de un registro accesible y detallado sobre la violencia en los CIE deja en el aire la capacidad de la Administración para realizar un diagnóstico real sobre la seguridad en estas dependencias. Mientras los incidentes operativos continúan produciéndose, la carencia de una base estadística oficial impide determinar si existe una tendencia al alza en la conflictividad o si los protocolos de prevención están resultando efectivos en el sistema de control migratorio.
