Inclusión desmiente informaciones erróneas sobre el proceso de regularización de migrantes
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha emitido este lunes una aclaración oficial para desmentir diversos «bulos» relacionados con el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras en España. El departamento que dirige Elma Saiz ha defendido la seguridad jurídica del procedimiento, negando que este fomente nuevas llegadas o que tenga un impacto negativo en el mercado de la vivienda y los servicios públicos.
Desde la cartera de Inclusión se ha calificado de «falso» que la medida esté destinada a personas recién llegadas al país. El Ministerio ha precisado que el trámite se dirige exclusivamente a quienes ya se encontraban en territorio español antes del anuncio de la regularización. Asimismo, las fuentes gubernamentales han recordado que la ausencia de antecedentes penales, debidamente acreditada, ha sido y continúa siendo un requisito obligatorio para este y cualquier otro trámite de extranjería.
En relación con la gestión administrativa, el Ejecutivo ha rechazado la posibilidad de un colapso en las oficinas de Correos o de la Seguridad Social. Según han informado, se han establecido horarios específicos y ampliados para evitar interferencias con otros trámites ciudadanos, subrayando que la atención presencial se realizará únicamente bajo el sistema de cita previa. Respecto al uso de los servicios públicos, el Ministerio ha aludido a los indicadores del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión para señalar que la población extranjera realiza, proporcionalmente, un uso menor de los servicios sanitarios.
En el ámbito de la vivienda, Inclusión ha negado que la población migrante sea responsable del encarecimiento del mercado. Según datos del citado Marco Estratégico, el colectivo extranjero es el que más sufre las dificultades de acceso residencial, con un 23% de personas no comunitarias viviendo en hogares sobreocupados, en contraste con el 6% de la población nacional. El Ministerio recalca que el permiso obtenido es exclusivamente para residir y trabajar de forma temporal en España.
Sobre el marco legal internacional, el departamento de Elma Saiz ha aseverado que la Unión Europea reconoce la soberanía de cada Estado miembro para decidir sobre las personas que ya se hallan en su territorio. Han puntualizado que este es un «proceso individual», tal como exige la normativa europea, y que ya ha sido implementado en otros países de la Unión. Además, se ha aclarado que los ciudadanos ucranianos no entran en este proceso, ya que cuentan con un procedimiento separado y sin plazo límite para sus solicitudes.
Finalmente, el Ministerio ha querido distinguir entre la regularización y la obtención de la nacionalidad española, asegurando que no son procesos vinculados. Para acceder a la nacionalidad, han recordado, se mantienen requisitos estrictos que incluyen años de residencia legal previa, la superación de exámenes de idioma y de conocimientos culturales y sociales del país.
