El Gobierno manifiesta «total normalidad» ante la comparecencia de Ábalos en el Tribunal Supremo
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo afronta con «total normalidad» la declaración del exministro José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo. Saiz ha subrayado el interés de la administración central en que la justicia actúe con independencia en el marco de la investigación por el denominado caso mascarillas.
Durante una atención a los medios en Pamplona, tras participar en una jornada sobre la regularización de personas migrantes, la ministra ha señalado que desde el Ejecutivo son «los más interesados en que la justicia haga su trabajo». Saiz ha remarcado que el riesgo de casos de corrupción es una contingencia que puede afectar a cualquier organización, pero ha enfatizado que lo determinante es la capacidad de respuesta ante tales hechos.
En este sentido, la portavoz ha defendido la gestión realizada por el Partido Socialista, calificándola de «inmediata» y de «colaboración absoluta» con las autoridades judiciales. Según ha explicado la ministra, la formación actuó con celeridad para abordar la situación institucional derivada de las investigaciones que ahora se dirimen en la sede del Alto Tribunal.
La ministra Saiz ha aprovechado su intervención para reivindicar la política como un ejercicio de «servicio público» orientado a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Ha vinculado este compromiso con la puesta en marcha de un plan integral de lucha contra la corrupción, argumentando que estas prácticas suponen un perjuicio directo para la sociedad y contribuyen al descrédito de los servidores públicos.
Finalmente, la representante del Ejecutivo ha hecho un llamamiento al resto de las formaciones políticas para que adopten una postura de «tolerancia cero» similar a la mostrada por su partido. Saiz ha instado a la unidad parlamentaria para fortalecer los mecanismos de control y transparencia, con el objetivo de mitigar el impacto negativo que la corrupción genera en el sistema democrático español.
