El Grupo Parlamentario Vox ha registrado una iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados y en diversos parlamentos autonómicos con el objetivo de implantar el principio de «prioridad nacional» en el acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. La propuesta supedita la asignación de estos recursos a la acreditación de un «arraigo real, duradero y verificable» en el territorio español.
Según el texto de la proposición no de ley presentada en la Cámara Baja, la formación busca definir los criterios de acceso a los servicios públicos bajo una interpretación que priorice a los ciudadanos nacionales y a aquellos extranjeros que mantengan una vinculación prolongada con el país. Para ello, el partido propone utilizar el empadronamiento histórico y las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social como mecanismos principales para verificar dicho arraigo.
La iniciativa parlamentaria pone especial énfasis en la política de vivienda. En concreto, Vox plantea establecer un periodo mínimo de diez años de residencia legal y empadronamiento para optar a la compra de viviendas protegidas o ayudas directas a la adquisición. En el caso de los contratos de alquiler, el requisito de arraigo se fijaría en cinco años. Adicionalmente, la propuesta contempla la exclusión de estas ayudas para quienes hayan sido condenados por delitos de allanamiento o usurpación de bienes inmuebles en el último lustro.
Esta ofensiva legislativa se produce en un contexto de consolidación de los pactos de gobierno entre el Partido Popular y Vox en comunidades como Extremadura y Aragón, donde este concepto ya ha sido incluido en los acuerdos programáticos. El presidente de la formación, Santiago Abascal, ha defendido durante la campaña electoral en Andalucía que los recursos públicos son finitos y deben gestionarse bajo criterios de vinculación territorial y legalidad, afirmando que la prioridad debe recaer en quienes han contribuido de manera sostenida al sistema.
Por su parte, la portavoz del grupo en el Congreso, Pepa Millán, ha señalado que la iniciativa busca institucionalizar un «periodo mínimo reforzado de arraigo» que dote de seguridad jurídica a la asignación de prestaciones. No obstante, el partido reconoce que la aplicación plena de estas medidas choca con el marco actual de la Ley de Extranjería. Al tratarse de una ley orgánica, su modificación requeriría de una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, un trámite necesario para alterar los principios de igualdad de trato actualmente vigentes en la legislación nacional.
La propuesta será sometida a debate en el Pleno del Congreso, donde se espera que el resto de los grupos parlamentarios fijen su posición respecto a la compatibilidad de esta «prioridad nacional» con los derechos fundamentales y el ordenamiento jurídico de la Unión Europea.
