El Tribunal Supremo concluye el juicio contra José Luis Ábalos y prevé dictar sentencia tras las elecciones andaluzas

El juicio contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor Aldama ha quedado visto para sentencia en el Tribunal Supremo. Según fuentes jurídicas, el calendario para conocer el fallo de la Sala Segunda se sitúa después de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, con el objetivo de evitar interferencias en el proceso electoral. La notificación del texto íntegro de la sentencia se estima para finales de mayo o principios de junio.

La resolución judicial llegará en un momento de alta carga simbólica, ya que las fechas previstas coinciden con el octavo aniversario de la moción de censura contra Mariano Rajoy. El 31 de mayo de 2018, fue precisamente José Luis Ábalos quien defendió desde la tribuna del Congreso de los Diputados el alegato anticorrupción que impulsó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. En aquella intervención, que se prolongó durante 42 minutos, el entonces secretario de Organización del PSOE apeló a la «ejemplaridad en la ética pública» y a la «certeza jurídica» de la sentencia del caso Gürtel.

En el presente proceso, el exministro se enfrenta a una petición de penas que suman 24 años de prisión por la presunta comisión de siete delitos de corrupción. La Fiscalía sostiene que la trama operó bajo un esquema de manipulación en la contratación pública, un argumento que guarda paralelismos con los hechos que el propio Ábalos denunció en 2018 respecto a la red de financiación irregular del Partido Popular.

Durante la sesión de conclusiones finales, la defensa de Ábalos ha articulado una estrategia orientada a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos. El acusado utilizó su última palabra para denunciar una situación de «indefensión» procesal. Entre sus alegatos, destacó la intervención de un sobre a su nombre cuando aún mantenía su condición de aforado como diputado, así como supuestas irregularidades en su asistencia letrada durante la fase de instrucción y el acceso denegado a dispositivos electrónicos incautados.

Por su parte, los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo han manifestado su intención de agilizar la redacción del fallo para prevenir filtraciones, especialmente tras la sensibilidad generada en causas recientes de repercusión política. El exministro ha cuestionado también las afirmaciones del magistrado instructor, señalando que su ingreso en prisión provisional el pasado noviembre representó, a su juicio, un juicio de culpabilidad anticipado antes de agotar los recursos legales correspondientes.

El tribunal deberá ahora deliberar sobre la responsabilidad de los acusados en una causa que ha analizado presuntas prácticas de corrupción institucional y financiación irregular. La decisión final marcará el cierre de un proceso judicial que ha mantenido el foco sobre la gestión de uno de los principales artífices del actual ciclo político en España.