El Gobierno vasco vincula la viabilidad de Tubos Reunidos a la reestructuración de su deuda y a la paz social

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha advertido de que la empresa Tubos Reunidos se encuentra en una situación crítica, que ha definido como «al borde del precipicio». Según ha manifestado el responsable autonómico, el futuro de la compañía y la atracción de nuevos inversores dependen necesariamente de dos factores clave: la reestructuración de una deuda que actualmente se considera inasumible y el establecimiento de un clima de estabilidad laboral o «paz social».

En declaraciones realizadas en Radio Popular, Jauregi ha señalado que la entrada en concurso de acreedores de la firma certifica la gravedad de su estado financiero. Para el titular de Industria, la prioridad inmediata es definir los pasos necesarios para alejar a la organización de la insolvencia definitiva, lo que requiere la presentación de un proyecto industrial que sea viable y con proyección de futuro.

Respecto al apartado financiero, el consejero ha calificado el endeudamiento de la acería como «insostenible», detallando que el pasivo acumulado es entre cinco y seis veces superior al valor real de la propia empresa. Jauregi ha utilizado una analogía inmobiliaria para explicar la dificultad de encontrar capital externo en estas condiciones, afirmando que ningún inversor accedería a adquirir una propiedad cuya hipoteca supere ampliamente su valor de mercado.

Asimismo, el Ejecutivo vasco ha apelado a la responsabilidad de las partes implicadas para alcanzar la «paz social». Jauregi ha advertido de que cualquier inversor interesado buscará un entorno donde el equipo humano trabaje de forma cohesionada para sacar adelante el proyecto. En este sentido, ha solicitado la colaboración de todos los agentes vinculados a la compañía para facilitar una transición que asegure la continuidad de la actividad industrial.

La situación de Tubos Reunidos se enmarca en un proceso de reordenación tras la formalización de su estado concursal, un escenario que el Gobierno Vasco sigue de cerca con el objetivo de preservar el tejido empresarial y los puestos de trabajo asociados a la industria siderúrgica en el territorio.