miércoles, mayo 13, 2026
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EE. UU. critica a España por premiar a Francesca Albanese

EE. UU. critica la distinción otorgada por el Gobierno de España a la relatora de la ONU Francesca Albanese

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Michael Waltz, ha expresado este lunes su rechazo a la entrega de la Orden del Mérito Civil a la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, por parte del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. A través de un mensaje en redes sociales, el representante diplomático estadounidense cuestionó la idoneidad de la distinción, señalando que el galardón compromete el prestigio de las autoridades que lo otorgan.

La condecoración, entregada originalmente el pasado 7 de mayo en el Palacio de la Moncloa, tuvo como objetivo reconocer, según la Presidencia del Gobierno, la labor de Albanese en la documentación y denuncia de presuntas violaciones del Derecho Internacional en la Franja de Gaza. El presidente Sánchez se refirió a la relatora como «una voz que sostiene la conciencia del mundo», destacando su compromiso institucional con los derechos humanos en el contexto del conflicto en Oriente Próximo.

No obstante, el embajador Waltz sostuvo que la relatora ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de Estados Unidos y diversas naciones europeas. Según el diplomático norteamericano, Albanese ha incurrido en conductas que describe como «antisemitismo» y ha empleado «tácticas legales abusivas» que, a su juicio, entorpecen los esfuerzos de paz en la región respaldados por diversos países, incluidos estados de mayoría musulmana.

El posicionamiento de Waltz se alinea con la política exterior de Washington, que ya en 2025 impuso sanciones contra la relatora de la ONU. Las autoridades estadounidenses fundamentaron dichas medidas en una supuesta «campaña de guerra política y económica» dirigida contra los intereses de Estados Unidos e Israel. En este sentido, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha acusado anteriormente a Albanese de promover acciones ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra funcionarios y empresas de ambas naciones.

Desde el Departamento de Estado se ha señalado a la funcionaria internacional por un presunto apoyo a posiciones extremistas y un desprecio hacia los valores occidentales. Por su parte, el Ejecutivo español ha mantenido su respaldo a la labor de los relatores de Naciones Unidas, enmarcando esta distinción en su política de defensa de la legalidad internacional y el derecho humanitario en el escenario bélico actual.

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