La Audiencia Nacional mantiene la imputación de Koldo García y rechaza el archivo de la causa

El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha rechazado la solicitud de archivo de las actuaciones presentada por la defensa de Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, en el marco de la investigación por el presunto cobro de comisiones irregulares en la compra de mascarillas durante la pandemia. Mediante un auto dictado este martes, el instructor confirma asimismo la citación del investigado, quien deberá comparecer ante el tribunal este jueves.

La representación legal de García, dirigida por la abogada Leticia de la Hoz, había solicitado el sobreseimiento de la causa y la suspensión de la declaración prevista. La defensa argumentaba que los hechos investigados ya habían sido objeto de análisis y resolución por parte del Tribunal Supremo, por lo que no cabía una nueva instrucción sobre los mismos puntos.

Sin embargo, el juez Moreno ha desestimado estas alegaciones al considerar que los hechos que se instruyen en la Audiencia Nacional «no son los mismos» que los examinados por el Alto Tribunal. El magistrado precisa en su resolución que el Tribunal Supremo no hizo mención alguna a los contratos adjudicados por las administraciones autonómicas de Canarias y Baleares, los cuales forman parte central de la actual investigación por presunta corrupción.

En cuanto a la comparecencia de este jueves, el instructor sostiene que el mantenimiento de la citación es necesario para «garantizar la plena efectividad del derecho de defensa» y evitar posibles situaciones de indefensión material del investigado. La comparecencia se produce tras el análisis de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las adjudicaciones de material sanitario en las islas.

Por otro lado, el juzgado ha modificado el calendario de declaraciones para otros implicados en la trama. La comparecencia de Víctor de Aldama, considerado el presunto conseguidor de la red, ha sido pospuesta al próximo 21 de mayo. La causa continúa su curso para esclarecer si existieron mordidas y tráfico de influencias en los contratos de emergencia suscritos con la mercantil Soluciones de Gestión en el inicio de la crisis sanitaria.