El sector inmobiliario alerta de un déficit de 600.000 viviendas y reclama seguridad jurídica
La capacidad de acceso a la vivienda en propiedad para los jóvenes españoles ha registrado un descenso significativo en los últimos quince años, pasando de una tasa del 70% a un 30%. Este dato técnico forma parte del informe titulado «La vivienda tiene solución», elaborado por el centro de estudios Atenea en colaboración con expertos del sector, cuya presentación tuvo lugar este martes en Madrid con el objetivo de analizar las causas estructurales de la crisis habitacional en España.
El documento identifica un déficit estructural en el mercado nacional estimado en 600.000 viviendas. Según el diagnóstico presentado por Carolina Roca, presidenta de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), y Mikel Echavarren, presidente de Colliers España y Portugal, la producción actual se sitúa ligeramente por encima de las 100.000 unidades anuales, una cifra insuficiente para cubrir la creación neta de hogares y la demanda embalsada.
La tesis central del informe sostiene que la problemática actual no responde a una falta de recursos físicos, sino a un exceso de regulación, la inseguridad jurídica y las restricciones administrativas en el desarrollo de suelo. Los ponentes subrayaron que la transformación de suelo rústico en finalista puede demorarse entre 15 y 25 años, lo que genera un estrangulamiento de la oferta y un incremento derivado en los precios finales de venta y alquiler.
Desde la perspectiva fiscal, el estudio advierte que la carga impositiva sobre la producción de nueva vivienda oscila entre el 25% y el 29%. Carolina Roca calificó de «demoledor» el descenso del 43% en los visados de fin de obra proyectados para 2025, señalando que el sector requiere un cambio de paradigma que incluya la agilización de licencias, una fiscalidad competitiva y la recuperación de la colaboración público-privada para alcanzar ritmos de producción de hasta 250.000 viviendas anuales.
Mikel Echavarren vinculó la situación de los jóvenes a las restricciones crediticias impuestas tras la crisis financiera de 2008 y al estancamiento salarial. Asimismo, señaló que la falta de seguridad jurídica frente a fenómenos como la ocupación o los impagos desincentiva la inversión. Entre las propuestas de choque presentadas, se incluyó la necesidad de simplificar la normativa urbanística y modificar la Ley de Propiedad Horizontal para aportar estabilidad al mercado residencial.
Por su parte, el presidente de Atenea, Iván Espinosa de los Monteros, cerró el encuentro defendiendo la liberalización de suelo y el refuerzo de la formación profesional para paliar la escasez de mano de obra cualificada en la construcción. Durante su intervención, enfatizó que la solución al problema habitacional requiere reducir la intervención estatal en los procesos de mercado y proteger la iniciativa privada como motor principal para garantizar el derecho al acceso a la vivienda.
El acto concluyó con un llamamiento a la responsabilidad política para implementar reformas estructurales que permitan alinear la oferta de vivienda con la realidad demográfica del país, advirtiendo que la actual «tormenta perfecta» entre baja producción y alta demanda compromete la cohesión social y la competitividad económica de las futuras generaciones.
