La Mesa del Congreso suspende cautelarmente las acreditaciones de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongo

La Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado este miércoles la suspensión cautelar de las acreditaciones de prensa de los reporteros Vito Quiles y Bertrand Ndongo. La decisión, adoptada por el órgano de gobierno de la Cámara Baja, responde a los incidentes registrados en las últimas semanas en las dependencias parlamentarias y se mantendrá vigente mientras se resuelven los expedientes sancionadores abiertos contra ambos profesionales.

Según han informado fuentes de la Mesa, la medida se fundamenta en la aplicación del artículo 56.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común. Este precepto legal faculta a la Administración para adoptar medidas provisionales con el fin de asegurar la eficacia de la resolución final. Desde el órgano rector del Congreso se justifica la decisión en la necesidad de proteger los derechos de los parlamentarios y del resto de representantes de los medios de comunicación acreditados.

Las mismas fuentes institucionales han señalado que la suspensión responde a una «reiteración de altercados» y a un «notable deterioro de la convivencia» dentro del recinto parlamentario. El órgano de gobierno considera que el comportamiento de los afectados ha interferido en el normal desarrollo de la actividad legislativa y en el ejercicio profesional de otros periodistas que cubren la actualidad de las Cortes Generales.

Tras conocerse la resolución, los afectados han manifestado su intención de recurrir la medida ante las instancias judiciales. Bertrand Ndongo, colaborador de Periodista Digital, ha calificado la decisión de «chapuza» a través de sus redes sociales, anunciando acciones legales. Por su parte, Vito Quiles, vinculado a la plataforma EDATV, ya había advertido previamente de que consideraría cualquier expulsión como una «atrocidad legal» y que elevaría el caso ante el Tribunal Supremo.

Javier Negre, director de EDATV, se ha sumado a las críticas definiendo la actuación de la Mesa como un «ataque sin precedentes a la libertad de prensa». Negre ha defendido la labor de su reportero y ha confirmado que la plataforma digital presentará un recurso ante el Alto Tribunal, argumentando que la suspensión constituye un acto de censura administrativa.

La situación jurídica de ambos reporteros queda ahora a expensas de la tramitación de los expedientes administrativos. Mientras tanto, el Congreso de los Diputados reafirma su potestad para regular el acceso y la permanencia en sus instalaciones bajo criterios de orden y respeto institucional, a la espera de que la justicia se pronuncie sobre la proporcionalidad de las medidas cautelares aplicadas.