La defensa de Begoña Gómez recurre ante la Audiencia de Madrid la posible intervención de un jurado popular

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha interpuesto un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid con el objetivo de anular la decisión del magistrado Juan Carlos Peinado de encaminar el procedimiento judicial hacia un tribunal del jurado. En el escrito, la defensa sostiene que la investigación carece de fundamentos técnicos sólidos y argumenta que la instrucción se dirige contra su representada exclusivamente por su condición de cónyuge del jefe del Ejecutivo.

El abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, solicita que se declare nulo el auto con el que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid rechazó un recurso previo contra la modalidad de enjuiciamiento propuesta. La defensa alega que no existe una vinculación causal entre el cargo de Pedro Sánchez y la evolución profesional de Gómez, subrayando que su actividad en consultoría y docencia se remonta a años anteriores a la llegada de su esposo a la Presidencia del Gobierno.

En el recurso de apelación, se denuncia una presunta «falta de motivación» en las decisiones del instructor. Camacho advierte de que el elevado impacto mediático de la causa, sumado a los debates en redes sociales y comisiones de investigación parlamentaria, podría comprometer el derecho a un juez imparcial. Según el texto, la celebración de un juicio con jurado popular en este contexto incrementaría el riesgo de una lesión jurídica derivada de los juicios paralelos que ya se han producido en la esfera pública.

Paralelamente, la acusación popular liderada por la asociación Hazte Oír ha presentado su escrito de conclusiones provisionales, en el cual solicita la apertura de juicio oral y una condena de 24 años de prisión para Begoña Gómez. La acusación imputa presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Asimismo, ha solicitado medidas cautelares adicionales, como la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional, alegando riesgo de fuga.

La causa también afecta a Cristina Álvarez, asesora en el Palacio de la Moncloa, y al empresario Juan Carlos Barrabés. Para la primera, las acusaciones populares piden una pena de 22 años de cárcel, mientras que para Barrabés solicitan seis años. La solicitud de estas penas cuenta con la adhesión de otras formaciones y colectivos personados en el proceso, entre los que se encuentran Vox, Manos Limpias e Iustitia Europa.

Por su parte, la defensa de Gómez ha reiterado la petición de paralizar la causa hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos de apelación pendientes. El tribunal superior deberá determinar ahora si los indicios recabados por el juez Peinado justifican la continuidad del procedimiento bajo la Ley del Tribunal del Jurado o si, por el contrario, procede la estimación de los argumentos de la investigada.