Vox apela al acuerdo de coalición para desmarcarse de la bandera LGTBI en la Junta de Extremadura
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha confirmado este lunes que su formación tenía conocimiento previo de la colocación de la bandera LGTBI en la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura. Garriga ha enmarcado este hecho dentro del acuerdo de gobierno suscrito con el Partido Popular, subrayando que, aunque respetan la decisión de su socio, su partido mantiene una posición ideológica divergente respecto a este tipo de simbología institucional.
Durante su comparecencia ante los medios, el dirigente de Vox ha explicado que la exhibición de la enseña responde a la «sensibilidad» de la presidenta extremeña, María Guardiola, y del Partido Popular. No obstante, ha precisado que si Vox contara con una mayoría absoluta en la región, la bandera no habría sido colocada en el edificio gubernamental. Esta postura se produce días después de que el Ejecutivo regional firmara una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia sin el apoyo de los diputados de Vox.
Garriga ha apelado a la literalidad del pacto de coalición para justificar el desmarque de su partido sin que ello suponga una ruptura de la estabilidad institucional. «Está escrito en el acuerdo de gobierno que habrá diferencias en las cuales nosotros les respetaremos pero a la vez, evidentemente, nos desmarcaremos», ha señalado el secretario general, quien ha insistido en que actúan desde la «lealtad» como socios de gobierno.
La situación en Extremadura pone de manifiesto la convivencia de dos agendas políticas distintas dentro de un mismo gabinete. Según ha manifestado Garriga, el reconocimiento de estas diferencias ideológicas estaba previsto desde la formación del Ejecutivo, permitiendo a cada formación política mantener sus principios ante determinadas iniciativas de carácter simbólico o social.
Finalmente, desde la dirección nacional de Vox se ha reiterado que el respeto a las decisiones de la presidencia de la Junta forma parte del compromiso de gobernabilidad, si bien continuarán ejerciendo su derecho a diferenciarse en aquellas cuestiones que no formen parte de los puntos de gestión técnica y administrativa consensuados en el programa de gobierno regional.
