La justicia procesa a las exmonjas de Belorado por presunto maltrato y administración desleal
El Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao ha acordado dar por concluida la fase de instrucción y continuar con el procedimiento para la apertura de juicio oral contra siete de las exmonjas de Belorado. La magistrada considera que existen indicios suficientes de delitos de trato degradante, abandono, omisión del deber de socorro y coacciones sobre cinco religiosas ancianas, así como de administración desleal y apropiación indebida en la gestión de sus recursos económicos.
El auto judicial, que ya ha sido trasladado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares, otorga un plazo de diez días para que estas partes soliciten la apertura de juicio oral mediante la formulación de sus escritos de acusación o, en su defecto, el sobreseimiento de la causa. El procedimiento se dirige contra las siete exreligiosas que permanecen vinculadas al cisma y que actualmente residen entre las localidades de La Puebla de Montalbán, en Toledo, y el monasterio de Orduña, en Bizkaia.
La resolución judicial excluye de forma provisional a una octava implicada, conocida como sor Myriam, al no apreciarse una participación acreditada en los hechos. Según el tribunal, esta antigua religiosa permanecía de forma habitual en un establecimiento de hostelería en Asturias y solo acudía a las dependencias donde se encontraban las monjas de avanzada edad en ocasiones puntuales, lo que motiva el sobreseimiento de las actuaciones respecto a su persona.
La investigación se centra en la situación de cinco monjas ancianas, con edades comprendidas entre los 87 y los 101 años, que fueron rescatadas por la Guardia Civil el pasado 18 de diciembre del monasterio de Orduña. Los informes forenses y los testimonios recabados durante la instrucción describen un escenario de falta de condiciones higiénico-sanitarias, ausencia de control médico y de administración de medicamentos, además de acumulación de suciedad y presencia de animales sueltos en el recinto.
La jueza señala en su escrito que las víctimas se encontraban bajo la custodia de las procesadas, quienes tenían el deber legal de velar por personas en situación de dependencia y vulnerabilidad. El auto subraya que el trato dispensado fue humillante y menoscabó la dignidad de las mayores, quienes presentaban deterioros cognitivos que les impedían comprender o participar de las decisiones tomadas por el grupo tras su salida de la Iglesia católica en mayo de 2024.
En el plano económico, la instrucción apunta a que las procesadas habrían incurrido en administración desleal al utilizar las pensiones de las religiosas ancianas para financiar actividades ajenas a su cuidado, tales como negocios de restauración o un criadero de perros. Asimismo, el tribunal aprecia indicios de que se pretendió utilizar la vulnerabilidad de las mayores como una estrategia para dilatar el desalojo del monasterio de Belorado, en Burgos.
Por su parte, la defensa de las exmonjas ha anunciado la interposición de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia. La representación legal sostiene que el auto no ha tenido en cuenta las diligencias solicitadas por las acusadas ni su versión de los hechos. A pesar del avance procesal, el entorno de las religiosas ha manifestado su disconformidad con las conclusiones judiciales y asegura que mantendrán su unidad de acción frente a las imputaciones presentadas.
