El Grupo Socialista propone multas de hasta 2.000 euros y la suspensión de diputados por alteración del orden
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley destinada a reformar el Reglamento de la Cámara con el objetivo de endurecer el régimen disciplinario de los parlamentarios. La iniciativa propone la posibilidad de suspender temporalmente de sus funciones y sancionar económicamente con multas de hasta 2.000 euros a aquellos diputados que protagonicen actos de violencia, intimidación o alteren gravemente el orden en el recinto parlamentario.
La propuesta busca modificar específicamente el artículo 101 del Reglamento para incluir una nueva causa de suspensión temporal. Esta medida sería aplicable en casos de actos de violencia o intimidación dirigidos contra los órganos de gobierno de la Cámara, como la Mesa o la Presidencia, o contra el personal funcionario, con especial mención al cuerpo de letrados y los ujieres. Según el texto presentado, la sanción podrá imponerse tanto si los hechos ocurren durante el transcurso de las sesiones como fuera de ellas, siempre que tengan lugar dentro de las dependencias parlamentarias.
Asimismo, la reforma plantea una ampliación del artículo 104 para introducir sanciones pecuniarias directas. En el supuesto de que un diputado sea expulsado del hemiciclo tras recibir las tres llamadas al orden reglamentarias, se enfrentará a una multa de entre 1.000 y 2.000 euros. La cuantía se determinará en función de la resistencia mostrada por el parlamentario a acatar los requerimientos de la Presidencia para abandonar el salón de plenos.
En la exposición de motivos, el Grupo Socialista argumenta que la normativa actual resulta insuficiente para salvaguardar la «autoridad de los órganos de gobierno» y proteger la «integridad institucional» frente al «deterioro progresivo de las formas parlamentarias». El proponente sostiene que la mera expulsión del pleno ha perdido su capacidad disuasoria en los últimos años, lo que hace necesario reforzar el carácter efectivo del régimen disciplinario para garantizar el correcto funcionamiento de la actividad legislativa.
Esta iniciativa legislativa tiene su origen inmediato en los incidentes registrados recientemente en el hemiciclo, particularmente tras la expulsión del diputado de Vox, José María Sánchez García. En dicha ocasión, el parlamentario se negó inicialmente a abandonar su escaño y se dirigió de manera airada hacia la zona de la Presidencia, enfrentándose verbalmente con una letrada de las Cortes y con el vicepresidente que ejercía la dirección de la sesión en ese momento.
Esta propuesta de reforma se suma a otras iniciativas similares que se encuentran actualmente en tramitación en la Cámara Baja, incluyendo propuestas para sancionar incumplimientos del código ético de los diputados. Estas medidas coinciden con la reciente entrada en vigor del nuevo régimen sancionador destinado a los periodistas acreditados, en un esfuerzo por regular el comportamiento de todos los actores que intervienen en la sede parlamentaria.
