Bruselas precisa que no evaluó de forma individual el rescate a la aerolínea Plus Ultra

La Comisión Europea ha aclarado que su supervisión sobre las ayudas estatales concedidas durante la pandemia de coronavirus se limitó al análisis del marco legal general y no al expediente específico del rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. Esta precisión técnica contradice los argumentos de los sectores que sostienen que la operación contó con el aval explícito de las instituciones comunitarias, en un momento en que la causa judicial en España ha sido reactivada tras obtener nuevos indicios mediante la colaboración internacional.

Fuentes oficiales de la Comisión Europea han confirmado que la institución se limitó a verificar en 2020 si el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), gestionado por la SEPI, se ajustaba a las normas del marco temporal de ayudas de Estado. Según la normativa vigente en aquel periodo, solo los rescates que superasen los 250 millones de euros requerían una notificación individual y un examen pormenorizado por parte de Bruselas. Al situarse la ayuda a Plus Ultra sensiblemente por debajo de ese umbral, el Ejecutivo comunitario no examinó el caso de forma particular ni se pronunció sobre su idoneidad.

En el ámbito judicial español, la investigación sobre las presuntas irregularidades en la concesión de este crédito ha recuperado impulso. Aunque la instructora archivó inicialmente las actuaciones por un defecto de forma en la prórroga de los plazos de instrucción, la recepción de información procedente de autoridades de Francia, Suiza y Estados Unidos ha permitido reabrir las pesquisas. El procedimiento analiza si la compañía cumplía los requisitos de solvencia previos a la crisis sanitaria, una condición indispensable para acceder a los fondos públicos del programa Fasee.

La interlocución entre el Gobierno de España y la Comisión Europea respecto a este expediente ha sido inexistente a nivel oficial, según confirman fuentes de Bruselas. A pesar de las consultas parlamentarias realizadas en 2021 por representantes de Ciudadanos, la Comisión trató el asunto como un expediente de información general y no como una denuncia formal, ya que esta última requiere ser presentada por una parte interesada. Desde las instituciones europeas se subraya que la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los criterios de elegibilidad en ayudas inferiores a 250 millones recae exclusivamente sobre los Estados miembros.

La controversia ha llegado nuevamente al Parlamento Europeo a través del Partido Popular Europeo. La vicepresidenta del grupo, Dolors Montserrat, ha formulado una pregunta parlamentaria dirigida a la Comisión para esclarecer si se vulneraron principios del Derecho de la Unión como la transparencia y la igualdad de trato. La iniciativa busca determinar si se utilizaron mecanismos de ayuda pública para favorecer intereses políticos específicos, cuestionando la gestión de recursos que debían estar destinados estrictamente al mantenimiento del tejido empresarial y el empleo.

Por su parte, el Gobierno de España no ha emitido valoraciones adicionales ante las consultas sobre la postura de Bruselas. La situación sitúa el foco de nuevo en la gestión de la SEPI y en la justificación técnica que permitió clasificar a la aerolínea como empresa estratégica y solvente antes de 2019, un punto que sigue siendo el eje central de las dudas planteadas tanto por la oposición política como por las autoridades judiciales que han retomado el caso.