El Consejo de Transparencia amonesta a Defensa por ocultar el coste del vuelo que repatrió a los activistas de la flotilla a Gaza

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha dictado una resolución en la que estima parcialmente la reclamación presentada contra el Ministerio de Defensa por la falta de información detallada sobre el operativo del avión militar A400M enviado a Atenas. El organismo concluye que el departamento dirigido por Margarita Robles ofreció una respuesta incompleta sobre los costes, el consumo de combustible y el número de efectivos movilizados para la repatriación de los ciudadanos españoles que integraban la flotilla rumbo a la Franja de Gaza.

La resolución del órgano de control subraya que la Administración no atendió inicialmente todas las cuestiones planteadas en la solicitud de acceso a la información pública. A pesar de que Defensa alegó la imposibilidad de desglosar los gastos operativos por tratarse de partidas presupuestarias ordinarias del Ejército del Aire, el CTBG recuerda que el derecho de acceso exige respuestas exhaustivas y debidamente motivadas, señalando que el Ministerio solo amplió sus explicaciones una vez interpuesta la reclamación.

El origen del conflicto administrativo se remonta a octubre de 2024, tras la interceptación por parte de Israel de la flotilla «Sumud» y la posterior deportación de sus integrantes a Grecia. En aquel momento, el Gobierno de España organizó un operativo de repatriación que incluyó el desplazamiento de una aeronave A400M desde la Base Aérea de Zaragoza hasta Atenas para trasladar a los activistas. El solicitante de la información requirió el coste total desglosado del vuelo, el gasto en combustible, los recursos humanos empleados y el marco normativo que justificó la asunción de los gastos por parte del Estado.

En su respuesta inicial, el Ministerio de Defensa se limitó a confirmar el uso de una «tripulación tipo» y a defender que resulta inviable aislar los costes de un aerotransporte concreto del presupuesto global de mantenimiento de la flota. No obstante, el CTBG ha recordado que existen precedentes donde se ha avalado el acceso a información agregada sobre el gasto público en vuelos oficiales y operaciones militares, siempre que no se comprometa la seguridad nacional o el éxito de futuras misiones.

La operación generó en su día un intenso debate político, dado que entre los repatriados se encontraban figuras públicas vinculadas a formaciones como la CUP y Podemos, además de activistas internacionales. La controversia se centró en la decisión del Ejecutivo de sufragar íntegramente los costes del traslado a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Defensa, pese a que la normativa de ayudas consulares establece, por norma general, la obligatoriedad de que los beneficiarios reintegren el importe de las ayudas de evacuación, salvo en casos excepcionales de vulnerabilidad extrema.

Finalmente, el Consejo de Transparencia incide en que, aunque el Ministerio respondió dentro de los plazos legales, la calidad de la información facilitada no cumplió con los estándares de la Ley de Transparencia. El organismo insta a las instituciones a proporcionar desgloses económicos más precisos cuando se trate de fondos públicos destinados a misiones de carácter civil o humanitario que ya hayan concluido y que no supongan un riesgo estratégico para la defensa del Estado.