La Justicia ordena el rastreo de activos digitales en el caso Zapatero y su custodia en búnkeres de alta seguridad
La investigación judicial en torno al denominado caso Zapatero ha entrado en una fase técnica centrada en la trazabilidad de los flujos monetarios. El juzgado encargado de la instrucción ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el rastreo detallado de operaciones con criptomonedas vinculadas a la trama. El objetivo es determinar si se produjeron delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y apropiación indebida a través de activos virtuales.
Como medida de garantía procesal y ante la complejidad que supone el depósito de divisas digitales, la Justicia ha dispuesto que los activos que resulten intervenidos sean almacenados en una infraestructura de máxima seguridad externa. El destino seleccionado es el Crypto Búnker de Prosegur, una instalación diseñada para blindar activos digitales frente a ciberataques y sustracciones físicas, garantizando que las pruebas y los fondos incautados permanezcan bajo control judicial estricto.
El procedimiento judicial subraya la importancia de la custodia en «frío» o cold storage para este tipo de evidencias. Según los protocolos de la infraestructura mencionada, el sistema de protección se basa en el aislamiento total de la red o air gap. Los terminales y módulos de seguridad de hardware donde se procesan las transacciones operan de forma autónoma, sin conexión a internet ni a redes locales, lo que anula cualquier vector de ataque remoto por parte de piratas informáticos.
La seguridad de los activos se complementa con un blindaje físico de carácter militar. El núcleo tecnológico está confinado en una jaula de Faraday para evitar la interceptación de datos mediante ondas de radio o pulsos electromagnéticos. Además, las claves privadas que permiten el acceso a las redes blockchain no se almacenan de forma íntegra en un solo lugar. La tecnología de computación multipartita (MPC) divide estas claves en fragmentos encriptados que se distribuyen geográficamente en bóvedas situadas en Madrid, São Paulo y Buenos Aires.
En el plano operativo, cualquier movimiento de los fondos bajo custodia requiere un esquema de multifirma y la intervención coordinada de varios profesionales autorizados. Este protocolo impide que una sola persona, aun bajo coacción o intención maliciosa, pueda comprometer la integridad de los activos. Los dispositivos utilizados para la firma digital cuentan con certificación criptográfica de nivel militar y poseen mecanismos de autodestrucción de información ante cualquier intento de manipulación física no autorizada.
Esta decisión judicial responde a la necesidad de las instituciones públicas de adaptarse a los estándares actuales de cumplimiento normativo y seguridad digital. Dado que las plataformas de intercambio convencionales han mostrado vulnerabilidades en el pasado, la Justicia opta por entornos regulados que ofrecen coberturas de seguro integradas y garantías de disponibilidad inmediata para el proceso de instrucción, asegurando así la cadena de custodia de los activos incautados en la investigación.
