La Fiscalía solicita 72 años de prisión para un sacerdote acusado de agresiones sexuales en Málaga

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga inicia este lunes el juicio contra Francisco J.C., un sacerdote de 35 años acusado de sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres entre los años 2014 y 2018. El Ministerio Público solicita una pena global de 72 años de prisión al imputarle cuatro delitos de agresión sexual y otros cuatro contra la intimidad, tras presuntamente haber grabado los hechos sin el consentimiento de las víctimas.

Según el escrito de acusación, el procesado, conocido como el «padre Fran», aprovechaba su condición de religioso y la relación de confianza con las denunciantes para suministrarles sustancias que las sumían en un estado de somnolencia. Esta vulnerabilidad inducida permitía al acusado ejecutar los actos sexuales asegurando la ausencia de defensa por parte de las víctimas, quienes no eran conscientes de lo sucedido en el momento de los hechos.

La investigación judicial se precipitó tras la detención del sacerdote el 11 de septiembre de 2023. El arresto se produjo después de que su pareja sentimental descubriera en un ordenador del domicilio que ambos compartían en Melilla una serie de archivos digitales que documentaban las agresiones. El acusado permanece en situación de prisión provisional desde que se iniciaron las diligencias correspondientes.

El tribunal ha programado las sesiones de la vista oral para los días 25, 27, 28 y 29 de mayo. Durante las primeras jornadas, el orden del día contempla la comparecencia de las cuatro denunciantes, así como la declaración de nueve testigos propuestos por la Fiscalía y los agentes de la Policía Nacional que lideraron las pesquisas. La declaración del sacerdote se ha fijado para una fase avanzada del juicio, una vez concluidas las pruebas testificales y periciales.

Ante el inicio del proceso, el obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha manifestado que la Iglesia procederá a la reparación económica del daño causado a las víctimas en caso de que se dicte una sentencia condenatoria. Si bien la diócesis mantiene la tesis de que no ostenta una responsabilidad civil subsidiaria, el obispo ha expresado la disposición de la institución para contribuir a las indemnizaciones y ha solicitado perdón público por el sufrimiento generado a las familias y a la comunidad religiosa.