El número de autorizaciones de residencia por violencia de género en España se multiplica por cinco desde 2017

Las concesiones de autorizaciones de residencia temporal y trabajo por violencia de género en España han experimentado un incremento del 498,4% en los últimos siete años. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones obtenidos a través de una resolución de Transparencia, el número de permisos concedidos ha pasado de 628 en el año 2017 a un total de 3.758 en lo que va de 2024, alcanzando registros históricos en la serie estadística reciente.

De acuerdo con la información oficial, el grueso de estas autorizaciones se concentra en ciudadanas procedentes de Colombia y Marruecos, que representan más del 60% del total de las beneficiarias. En términos específicos, entre 2017 y 2024, se han otorgado permisos a 5.403 mujeres colombianas (30,7%) y 5.270 marroquíes (29,9%). Les siguen en la serie estadística ciudadanas de Perú (10,9%), Honduras (10,3%) y Bolivia (7,5%).

El marco normativo español permite la concesión de estos permisos de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a mujeres extranjeras que acrediten ser víctimas de violencia de género, con independencia de su situación administrativa previa. El procedimiento contempla una autorización provisional inicial con una duración de un año, la cual puede transformarse en definitiva si el proceso penal concluye con una sentencia condenatoria o una resolución judicial que confirme la existencia de violencia.

Un punto de inflexión en esta tendencia se sitúa en noviembre de 2021, tras una instrucción emitida por el Ministerio dirigido por Elma Saiz. Dicha circular unificó los criterios de las Oficinas de Extranjería para garantizar que la autorización se conceda tanto a mujeres en situación irregular como a aquellas que poseen un permiso vinculado a su agresor, con el objetivo de eliminar barreras en la interposición de denuncias.

La normativa vigente establece además la suspensión de cualquier procedimiento sancionador por estancia irregular una vez que se inicia la solicitud por violencia de género, blindando a la solicitante frente a una posible expulsión del territorio nacional. Asimismo, el tiempo transcurrido bajo esta autorización computa a efectos de solicitar la nacionalidad española por residencia, un trámite que requiere únicamente dos años de estancia legal para personas procedentes de países iberoamericanos.

El incremento en las concesiones coincide con la incidencia estadística de la violencia de género en el ámbito de la población extranjera en España. Según datos correspondientes al ejercicio 2024, las mujeres extranjeras, que representan aproximadamente el 14% de la población empadronada, interpusieron el 38,37% de las denuncias por violencia de género y representaron el 43,8% de las víctimas mortales registradas en el país.

Desde el año 2005, el Estado ha concedido un total acumulado de 42.000 autorizaciones bajo este supuesto, aunque la mayor parte de estas regularizaciones se han concentrado en el periodo comprendido entre 2018 y la actualidad. Este fenómeno administrativo ha generado un debate técnico sobre la agilidad de los procesos de regularización extraordinaria en comparación con otras vías como el arraigo social o laboral.