Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, remitido al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, señala presuntas irregularidades en dos contratos suscritos por la cátedra extraordinaria dirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según el documento policial, las adjudicaciones a la consultora Deloitte habrían tenido como objetivo «dotar de apariencia de legalidad» a la contratación de servicios que se habrían gestionado al margen de la normativa establecida.
La investigación liderada por el juez Juan Carlos Peinado sostiene que los pagos a la mencionada consultora, que superarían los 128.000 euros sufragados por la universidad pública, se articularon a través de un contrato menor y un posterior procedimiento abierto simplificado. Los agentes de la UCO subrayan que la prestación de servicios comenzó antes de la adjudicación formal del primer contrato y que el desarrollo real de las funciones no guardó relación con los plazos de ejecución establecidos en los pliegos.
El informe advierte de que las condiciones y requisitos exigidos en las licitaciones se habrían «amoldado» a las características predefinidas por la consultora y la propia cátedra. Los investigadores deducen que se pudieron solicitar ofertas de forma simulada para limitar la concurrencia de otros licitadores, favoreciendo así la selección de Deloitte. En uno de los procesos, se llegó a otorgar un plazo de solo 24 horas para la presentación de propuestas técnicas.
En el desglose de los gastos, la Guardia Civil destaca que la mayor parte del importe, aproximadamente 102.848 euros, fue consignada en el año 2023. Este periodo coincide con la gestión de facturas relacionadas con el software de gestión de impacto para pymes, núcleo de la investigación por presunta apropiación indebida. La UCO indica que, durante la vigencia del segundo contrato, no se han identificado evidencias de que se desarrollasen de forma efectiva las funciones de consultoría para las que la empresa fue contratada.
Asimismo, el documento menciona la participación de Cristina Álvarez, secretaria personal de Gómez en el Palacio de la Moncloa e investigada por malversación, en la gestión de estos servicios. Se detalla el envío de correos electrónicos a proveedores para la organización de congresos vinculados a la cátedra, utilizando presupuestos que la UCO considera que ya estaban premeditados antes de la licitación oficial.
Actualmente, el procedimiento judicial mantiene a Begoña Gómez bajo investigación por cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Las nuevas diligencias de la Guardia Civil se centran en esclarecer si el uso de fondos públicos de la Universidad Complutense se ajustó a los principios de publicidad, concurrencia y transparencia que rigen la contratación administrativa.
