lunes, mayo 25, 2026
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El Supremo no juzgará a Marta Rovira por el ‘procés’

El Tribunal Supremo remite a la Audiencia de Barcelona la causa contra Marta Rovira por desobediencia

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se ha declarado no competente para enjuiciar a la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, por un presunto delito de desobediencia en el marco de la causa del ‘procés’. El Alto Tribunal ha acordado derivar el procedimiento a la Audiencia Provincial de Barcelona al constatar que la procesada ha perdido su condición de aforada.

En un auto hecho público este martes, los magistrados explican que, dado que la dirigente independentista no ostenta actualmente ningún cargo que le otorgue aforamiento, el Tribunal Supremo ha dejado de ser el órgano competente para conocer los hechos que se le imputan. Por consiguiente, la Sala ha confirmado el auto de conclusión del sumario y ha ordenado remitir el testimonio de particulares a los juzgados de la capital catalana.

Esta decisión judicial se produce tras el regreso de Rovira a España el pasado mes de julio, después de haber permanecido seis años en Suiza. El juez instructor de la causa, Pablo Llarena, mantuvo activa una orden de detención nacional hasta su comparecencia, momento en el que se pudo proceder a la declaración indagatoria necesaria para finalizar la fase de instrucción de esta pieza separada.

La situación jurídica de la secretaria general de ERC se ha visto modificada recientemente tras el archivo de la investigación en la Audiencia Nacional relativa a la plataforma ‘Tsunami Democràtic’. En dicho procedimiento, se investigaba su presunta implicación en la organización de los disturbios ocurridos tras la sentencia del Tribunal Supremo en el año 2019.

Con este movimiento, el Tribunal Supremo agota su intervención en la fase de instrucción y enjuiciamiento respecto a la figura de Rovira, trasladando la responsabilidad del fallo final a la justicia ordinaria en Barcelona, donde se determinarán las responsabilidades penales derivadas del presunto delito de desobediencia que aún pesa sobre la dirigente política.

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