Asturias rechaza la propuesta actual de financiación autonómica y exige priorizar el coste de los servicios

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha manifestado este martes el rechazo del Gobierno autonómico a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda. Peláez ha advertido que, de no producirse cambios significativos en el planteamiento actual, el Principado votará en contra de la iniciativa al considerar que el modelo formulado no es válido para las necesidades de la región.

Durante su intervención en las jornadas «La reforma de la financiación autonómica», celebradas en Santiago de Compostela, el titular de Hacienda ha subrayado que el sistema de financiación es una herramienta fundamental para sufragar los servicios públicos esenciales. A pesar de su postura crítica, Peláez ha expresado su disposición al diálogo constructivo para tratar de alcanzar un consenso que respete los intereses generales del Principado.

La posición del Ejecutivo asturiano se basa en la defensa de un modelo donde la prioridad recaiga en el coste efectivo de los servicios públicos en lugar de la capacidad tributaria de cada territorio. Según ha explicado el consejero, es imperativo que el nuevo sistema reconozca y pondere variables que inciden directamente en el gasto público, tales como el envejecimiento de la población y la dispersión demográfica, factores especialmente relevantes en el noroeste de España.

En este sentido, Guillermo Peláez ha recordado que Asturias mantiene una estrategia alineada con otras siete comunidades autónomas, incluida Galicia, con las que comparte una hoja de ruta común. Este bloque de regiones defiende que el cálculo de la financiación debe ajustarse a lo que cuesta realmente prestar la sanidad, la educación y los servicios sociales en territorios con características geográficas y demográficas complejas.

El anuncio se produce en un momento clave de la negociación multilateral entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para la actualización de un sistema que permanece caducado desde hace años. Desde el Principado se insiste en que cualquier reforma debe garantizar la equidad y la suficiencia financiera para asegurar que todos los ciudadanos reciban los mismos servicios públicos con independencia de su lugar de residencia.