El Congreso inicia la tramitación para permitir las juntas de vecinos telemáticas de forma permanente
El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la toma en consideración de una proposición de ley para reformar la Ley de Propiedad Horizontal. La iniciativa, impulsada por el Grupo Popular, tiene como objetivo principal consolidar la posibilidad de celebrar juntas de propietarios de manera telemática y mixta, una práctica que se introdujo de forma temporal durante la crisis sanitaria de la covid-19. La propuesta ha contado con el apoyo mayoritario de la Cámara, lo que permitirá iniciar su recorrido parlamentario para modernizar la gestión de las comunidades de vecinos en España.
La reforma planteada busca adaptar la normativa vigente a las nuevas realidades digitales. Además de las reuniones por videoconferencia, el texto prevé que los secretarios de las comunidades puedan realizar citaciones y notificaciones oficiales a través de correo electrónico, superando la obligatoriedad del correo ordinario. Asimismo, se contempla que el libro de actas pueda gestionarse íntegramente en formato electrónico, eliminando la exclusividad del soporte en papel que rige en la actualidad.
Durante la defensa de la iniciativa, el diputado del PP Javier Noriega ha subrayado la necesidad de garantizar los derechos de todos los propietarios, especialmente de aquellos de edad avanzada que puedan presentar dificultades con las herramientas tecnológicas. Por ello, el texto subraya el carácter mixto de las convocatorias para asegurar la asistencia presencial. Noriega ha aprovechado su intervención para señalar el déficit de vivienda en España y ha vinculado la crisis habitacional con las políticas actuales del Ejecutivo, defendiendo un aumento de la oferta como vía para reducir los precios.
Pese al avance de la medida, el debate ha evidenciado posturas críticas entre los grupos parlamentarios. El PNV ha confirmado su voto a favor de la tramitación, aunque su diputado Mikel Legarda ha advertido de que el texto actual carece de garantías técnicas suficientes sobre las condiciones de las videoconferencias y las votaciones. Por su parte, Junts ha avanzado que no apoyará la reforma, argumentando que el Código Civil catalán ya contempla estas posibilidades y que la propuesta no aborda problemas estructurales de las comunidades, como la morosidad cronificada.
Desde los grupos de izquierda, ERC y Sumar han calificado la iniciativa como de «escasa relevancia» frente a la magnitud de los problemas de vivienda. Etna Estrems (ERC) y Gerardo Pisarello (Sumar) han centrado sus intervenciones en denunciar los desahucios y la especulación inmobiliaria por parte de fondos de inversión, aludiendo a las movilizaciones sociales recientes en demanda del derecho a la vivienda. En una línea crítica diferente, la representante de Vox, Carina Mejías, ha tildado de «grotesco» que el principal partido de la oposición presente propuestas de este calado técnico ante el Pleno en lugar de abordar cuestiones políticas de mayor envergadura.
Finalmente, el Grupo Socialista ha respaldado la tramitación, siguiendo la línea de lo votado en el Senado el pasado mes de febrero. No obstante, el diputado Jesús Mayoral ha puntualizado que, a su juicio, la reforma no aporta novedades sustanciales respecto a los cambios legislativos más amplios que el Gobierno está impulsando. Durante su turno, ha reivindicado la validez del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 como la herramienta principal para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
