La Audiencia Nacional abre juicio oral contra Francisco Granados por irregularidades en suelo público y obras de Metro
El magistrado de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra el exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y otras 40 personas en el marco de la pieza número 8 del denominado caso Púnica. La resolución judicial se centra en las presuntas irregularidades cometidas entre los años 2003 y 2011 en relación con las adjudicaciones de suelo público para la promoción de viviendas y las obras de diversas infraestructuras de transporte.
La investigación judicial ha puesto el foco en los procesos de licitación y adjudicación de terrenos públicos destinados a la construcción, así como en los contratos para la ejecución de obras en dos líneas del Metro de Madrid y del metro ligero de la localidad de Boadilla del Monte. El auto se ha dado a conocer en la misma semana en la que Granados comparece en el banquillo de la Audiencia Nacional por otra pieza separada de la misma trama de corrupción.
Junto a Francisco Granados, se sentarán en el banquillo de los acusados su antiguo socio, el empresario David Marjaliza, y el exconsejero de OHL, Javier López Madrid, entre otros implicados. El proceso examinará la gestión realizada por Granados durante su etapa en el Gobierno regional, periodo en el cual, según la instrucción, se habrían producido los hechos constitutivos de delito en el ámbito de la contratación pública.
La Fiscalía solicita para el exsecretario general del Partido Popular de Madrid una pena de 42 años de prisión. Los cargos que se le imputan, y que se extienden a la mayoría de los procesados, incluyen delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad documental. Los peritos y fiscales sostienen que estas prácticas habrían alterado el correcto funcionamiento de la administración autonómica en beneficio de intereses privados.
Por su parte, Francisco Granados ha mantenido su postura de inocencia durante las recientes sesiones judiciales. El exconsejero ha negado taxativamente la organización de cualquier sistema de amaños en las adjudicaciones municipales o regionales a cambio de dádivas. Asimismo, ha rechazado las acusaciones que sostienen que actos de su formación política fueran sufragados por ayuntamientos a través de contratos de servicios con empresas vinculadas a su círculo personal.
Con este nuevo auto, la Audiencia Nacional avanza en el enjuiciamiento de una de las tramas de corrupción más extensas que han afectado a la Comunidad de Madrid en las últimas décadas. La celebración del juicio oral permitirá determinar las responsabilidades penales de los 41 procesados en relación con el manejo de fondos y recursos públicos destinados a grandes infraestructuras y desarrollo urbanístico.
