Interior mantiene al jefe superior de Canarias en su puesto a la espera de una decisión de la Audiencia Nacional
El Ministerio del Interior ha optado por mantener en su cargo al comisario principal Jesús María Gómez Martín, actual jefe superior de la Policía Nacional en Canarias, tras concluir que, por el momento, no existen pruebas concluyentes que justifiquen su cese inmediato. Esta decisión se produce después de que el nombre del mando policial apareciera en informes judiciales vinculados a la denominada «trama Zapatero», en el marco de la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
La postura de la Dirección General de la Policía se fundamenta en la ausencia de una imputación formal por parte de la Audiencia Nacional. Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska sostienen que las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) no recogen, hasta la fecha, intervenciones directas o conversaciones del comisario, sino referencias de terceros sobre su presunto papel en la red. Interior supedita cualquier medida disciplinaria o administrativa a los pasos que dé el magistrado José Luis Calama, instructor de la causa en la Audiencia Nacional.
Los indicios contra Gómez Martín fueron recabados inicialmente por la magistrada Esperanza Collazos, quien en su auto de inhibición señaló al comisario por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y corrupción. Según la instructora, el mando policial habría recibido supuestos favores y gratificaciones de la organización criminal a cambio de facilitar actividades ilícitas en el aeropuerto de Cuatro Vientos, en Madrid. Entre las evidencias figuran una tarjeta de visita con su número manuscrito hallada en la sede de Plus Ultra y menciones en chats de mensajería intervenidos.
La investigación apunta a la existencia de un grupo de comunicación denominado «Danilo-España», donde participaban presuntos intermediarios y testaferros de la trama. En dichas conversaciones se aludía a la necesidad de mantener vínculos con funcionarios y policías para favorecer los negocios de la red. Asimismo, el auto judicial vincula estos hechos con conversaciones de Koldo García Izaguirre, exasesor del Ministerio de Transportes, quien ya en 2021 habría sugerido la existencia de negocios que involucraban al entonces mando policial en el entorno aeroportuario.
Desde el ámbito sindical, la organización Jupol ha exigido el cese fulminante del jefe superior de Canarias, alegando la gravedad institucional de los hechos descritos en los informes judiciales. El sindicato mayoritario critica lo que considera una falta de asunción de responsabilidades ante indicios de corrupción. No obstante, desde la Dirección General de la Policía se reitera que, de producirse una imputación, se procedería a la apertura automática de un expediente disciplinario y a la valoración de medidas cautelares conforme al reglamento interno.
Jesús María Gómez Martín desempeñaba funciones de responsabilidad en el aeropuerto de Barajas en el año 2020, coincidiendo con el aterrizaje de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, suceso conocido como el «Delcygate». Su ascenso a la jefatura de Canarias en 2022 ha sido cuestionado por sectores de la oposición y sindicatos policiales, que enmarcan este movimiento en una serie de promociones de mandos presentes durante aquel episodio. El Ministerio del Interior, por su parte, defiende la legalidad de los nombramientos y la presunción de inocencia del comisario mientras el proceso judicial siga su curso en la Audiencia Nacional.
