El Ayuntamiento de Zaragoza acuerda con el Arzobispado la atención inicial a víctimas de violencia machista
El Ayuntamiento de Zaragoza, bajo la administración del Partido Popular, ha suscrito un convenio de colaboración con el Arzobispado de la ciudad para que las parroquias locales actúen como puntos de primera atención y asesoramiento para mujeres víctimas de violencia machista. El acuerdo contempla la formación de párrocos y voluntarios para que puedan derivar a las usuarias hacia los servicios municipales especializados, como la Casa de la Mujer, en caso de detectar situaciones de maltrato durante los horarios de apertura de los templos.
La medida establece un protocolo de actuación por el cual el personal eclesiástico recibirá instrucción específica para ofrecer un primer acompañamiento y asesoría técnica a las víctimas que soliciten ayuda. Según el consistorio, el objetivo es ampliar la red de detección y facilitar el acceso a los recursos públicos de protección para aquellas mujeres que puedan encontrarse en entornos cercanos a las parroquias, garantizando una vía de comunicación directa con los profesionales de los servicios sociales.
Sin embargo, la iniciativa ha generado el rechazo de diversos colectivos feministas, encabezados por la Asociación Española de Feministas Socialistas (Femes). Esta organización ha impulsado un manifiesto y una recogida de firmas dirigida a la alcaldesa, Natalia Chueca, solicitando la anulación inmediata del convenio. Las críticas se centran en que, a juicio de estas asociaciones, la Iglesia Católica no constituye un entorno idóneo para el tratamiento de la violencia de género, citando razones de carácter ideológico, histórico y de falta de especialización técnica.
En el manifiesto presentado, Femes sostiene que el tratamiento de este problema social debe ser de competencia exclusivamente pública y laica. Argumentan que el convenio podría contravenir los principios del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el cual estipula que la atención integral y especializada debe ser prestada por profesionales con formación específica y bajo criterios de cumplimiento de derechos fundamentales, alejados de sesgos confesionales. Asimismo, cuestionan si esta medida podría suponer una forma de discriminación para mujeres no creyentes o pertenecientes a otras religiones.
Desde el ámbito político, la medida también ha suscitado reacciones diversas. Mientras que el equipo de gobierno defiende la utilidad de la red parroquial para llegar a más capas de la sociedad, otros sectores han señalado la contradicción en el apoyo parlamentario local. Por un lado, las asociaciones feministas atribuyen la decisión a una posible influencia de Vox; sin embargo, esta formación también ha manifestado sus críticas al pacto, aunque por motivos opuestos, al considerar que la atención debería ampliarse a otras formas de violencia y no restringirse exclusivamente a la violencia machista.
Zaragoza ha sido históricamente un referente en políticas de igualdad tras la creación de la Casa de la Mujer en la década de los 80. Los colectivos demandantes exigen que se refuerce el papel de los servicios sociales y de las asociaciones de mujeres especializadas con trayectoria acreditada, en lugar de delegar funciones de asesoramiento inicial en estructuras religiosas, defendiendo que la asistencia debe mantener un carácter estrictamente profesional y administrativo.
