Sectores del PSOE y el presidente de Castilla-La Mancha solicitan un adelanto electoral ante la situación procesal de Zapatero
La estabilidad interna del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) atraviesa un periodo de renovada tensión tras los últimos avances judiciales que afectan al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha instado públicamente al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza o a convocar elecciones generales de forma inmediata. Esta demanda coincide con un malestar creciente entre cuadros municipales y autonómicos, quienes temen que el desgaste del Gobierno central penalice sus resultados en los comicios locales de 2027.
García-Page ha calificado el actual escenario como el de «mayor riesgo para el PSOE en toda la democracia». Según el dirigente castellanomanchego, la acumulación de informaciones judiciales, entre las que destaca la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre presuntas irregularidades vinculadas al expresidente Zapatero, supone un «salto cualitativo» en la crisis institucional del partido. Para Page, la situación actual se define por una sucesión de controversias donde «un escándalo tapa a otro», lo que a su juicio justifica devolver la palabra a la ciudadanía.
En el seno del partido ha comenzado a gestarse lo que diversas fuentes internas describen como una «rebelión de alcaldes». Este movimiento busca evitar que se repita la estrategia de mayo de 2023, cuando los cargos locales afrontaron las urnas en un contexto de desgaste nacional que derivó en la pérdida de importantes cuotas de poder territorial, para que posteriormente el Gobierno central lograra reeditar su coalición en las generales de julio. Los regidores socialistas solicitan que las elecciones generales se celebren antes de mayo de 2027 para no actuar nuevamente como «parapeto» de la gestión de Ferraz y Moncloa.
La preocupación en las filas socialistas se ha visto incrementada por los informes policiales que sitúan al expresidente Zapatero en el entorno de una presunta trama relacionada con el tráfico de materias primas y divisas. El magistrado José Luis Calama, que instruye la causa en la Audiencia Nacional, ha fijado la declaración de Zapatero para los días 17 y 18 de abril. Esta fecha sitúa el testimonio judicial en una gran proximidad temporal con el Comité Federal del PSOE, previsto para el 28 de junio, lo que podría condicionar el desarrollo del máximo órgano del partido entre congresos.
Desde el Palacio de la Moncloa y el núcleo duro de la formación, se ha intentado marcar distancias con la situación procesal de Zapatero. Fuentes gubernamentales sostienen que los informes de la UDEF carecen de la consistencia necesaria y subrayan que el expresidente no ostenta actualmente ningún cargo público ni acta parlamentaria. Por este motivo, la dirección del partido descarta, por el momento, la apertura de un expediente disciplinario o la suspensión de militancia, diferenciando este caso de otros procesos recientes que afectaron a cargos en activo.
No obstante, la inquietud persiste entre los cuadros medios del PSOE, quienes advierten sobre el riesgo de un «colapso» electoral si no se produce una reacción contundente. La posición de García-Page, que ya en el pasado ha mantenido posturas críticas con la dirección nacional, encuentra ahora eco en un sector del municipalismo que considera «insostenible» la actual acumulación de causas judiciales. El próximo Comité Federal se perfila como el escenario donde estas tensiones internas podrían manifestarse de forma orgánica ante la secretaría general.
