El juez Pedraz imputa a Santos Cerdán y Gaspar Zarrías en el marco de la investigación a Leire Díez
El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha procedido a la imputación del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; el exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías; y la gerente del partido, Ana María Fuentes. La medida judicial se produce en el contexto de la causa que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez, según han confirmado fuentes jurídicas y de los cuerpos de seguridad.
En el marco de estas diligencias, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este miércoles en la sede central del PSOE, ubicada en la calle Ferraz, para requerir documentación específica. Los efectivos policiales han solicitado formalmente el acceso a los contratos que la formación política habría suscrito con Leire Díez, cuya actividad profesional está siendo analizada por el juzgado.
Asimismo, el requerimiento de la UCO se ha extendido a la relación contractual del partido con Gaspar Zarrías, quien actualmente figura como responsable de la consultora Zaño. Según las pesquisas iniciales, dicha firma habría solicitado los servicios de Díez tras una reunión mantenida en la sede nacional del PSOE durante el periodo de cinco días de reflexión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo el pasado mes de abril.
Fuentes próximas a la investigación indican que el objetivo de la diligencia es determinar la naturaleza y la legalidad de los vínculos laborales o de asesoría entre los imputados y la exmilitante. No obstante, desde el entorno de Leire Díez se sostiene que la información requerida no se encuentra en los servidores de Ferraz, bajo el argumento de que el PSOE nacional nunca llegó a formalizar un contrato directo con ella.
La defensa de la exmilitante precisa que su única vinculación laboral reglada con la organización política se produjo en el ámbito territorial de Cantabria. En dicha federación, Díez ejerció funciones como responsable de prensa a nivel local bajo el régimen de trabajadora autónoma, sin que consten, según su versión, otros registros de contratación en los órganos centrales de la formación.
La causa continúa su curso en la Audiencia Nacional con el fin de esclarecer si existieron irregularidades en la gestión de estos servicios y la implicación directa de los altos cargos ahora imputados en los procesos de contratación señalados por los investigadores.
