El juez Pedraz investiga una presunta trama para desestabilizar causas judiciales vinculadas al Gobierno
El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha iniciado una investigación sobre una supuesta estructura diseñada para desestabilizar de forma «sistemática y continuada» los procedimientos judiciales y actuaciones policiales que afectan al PSOE y al Gobierno de España. Según el auto judicial, el instructor atribuye un «papel superior» en esta red al que fuera secretario de Organización de la formación socialista, Santos Cerdán, a quien vincula con la coordinación de acciones presuntamente ilícitas.
La resolución señala que el «punto de inflexión» de la actividad investigada se sitúa en abril de 2024, coincidiendo con el periodo de reflexión de cinco días que se tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la apertura de diligencias contra su esposa, Begoña Gómez. El magistrado sostiene que fue precisamente en ese intervalo cuando se habrían intensificado las maniobras para proteger los intereses del Ejecutivo frente a las causas abiertas en los tribunales.
De acuerdo con las pesquisas, Cerdán habría encomendado a Leire Díez la ejecución de una serie de actuaciones que el juez califica como «penalmente relevantes». El objetivo último de este grupo sería interferir en la correcta dirección de las investigaciones judiciales, incluyendo el uso de «sucesivas denuncias infundadas» contra magistrados instructores —como el juez Juan Carlos Peinado o la encargada del caso de David Sánchez—, así como contra la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El instructor destaca una reunión clave celebrada el 26 de abril de 2024 en la sede del PSOE en la calle Ferraz. A dicho encuentro, convocado presuntamente por Cerdán, asistieron la propia Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y responsables de comunicación y estrategia del entorno gubernamental. Mensajes intervenidos por la justicia sugieren que el propósito del cónclave era gestionar «información que ayudaría al presidente» en el contexto de las investigaciones que afectaban a su entorno familiar.
En el plano financiero, el auto expone «serios indicios» de que la actividad de la trama fue sostenida con fondos del partido. El magistrado investiga pagos de 4.000 euros mensuales a Leire Díez, que se habrían articulado mediante «facturas mendaces» y sociedades interpuestas para ocultar el origen de los fondos. En esta operativa habrían participado, presuntamente, la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes, y el exdirigente Gaspar Zarrías, quien habría facilitado vehículos societarios para los cobros.
Finalmente, la investigación apunta a que la red intentó captar a funcionarios y miembros del Ministerio Fiscal mediante el ofrecimiento de remuneraciones a cambio de información o de actos contrarios a sus deberes oficiales. Estos hechos se suman a una línea de investigación previa sobre presuntas irregularidades en contratos de la SEPI, en la que Cerdán y Díez habrían aprovechado sus posiciones para obtener beneficios económicos mediante la orientación de procedimientos administrativos.
