Francisco Martínez niega la existencia de la operación Kitchen ante la Audiencia Nacional
El ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha negado este martes ante la Audiencia Nacional que él o el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ordenasen un operativo de espionaje contra el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y su familia. Durante su declaración, el ex número dos de Interior ha rechazado de forma tajante la existencia de la denominada «operación Kitchen», término que ha definido como una «denominación periodística» carente de realidad administrativa o policial.
A preguntas de su abogado, Martínez ha sostenido que nunca percibió inquietud por parte de los dirigentes del Partido Popular ni del propio ministro respecto al material sensible que Bárcenas pudiera poseer sobre la formación o su contabilidad. Según su testimonio, la tesis de que se organizó un dispositivo para recuperar información comprometedora no tiene fundamento, asegurando que no hubo instrucciones para intervenir dispositivos electrónicos ni grabaciones.
El acusado ha calificado como una «fantasía» y una «leyenda mediática» la existencia de archivos ocultos que el operativo supuestamente debía localizar. «Que alguien ordenase buscar los discos duros y las grabaciones que tenía Bárcenas no solo es falso, sino que todo se trata de una fantasía», ha zanjado Martínez ante el tribunal, desvinculándose de cualquier actividad ilícita relacionada con el entorno del extesorero.
La comparecencia se produce en el marco del proceso judicial donde la Fiscalía solicita una pena de 15 años de prisión para el ex secretario de Estado. Se le acusa de haber orquestado un operativo parapolicial destinado a sustraer documentación sensible a Bárcenas con el objetivo de proteger a altos cargos del Partido Popular de posibles investigaciones judiciales sobre la financiación de la formación.
La declaración de Francisco Martínez es una de las piezas centrales en el juicio por la pieza número 7 del caso Villarejo, que investiga el presunto uso de fondos reservados y recursos públicos del Ministerio del Interior para fines ajenos a la seguridad del Estado durante la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy.
