La Audiencia Nacional ordena repetir el juicio contra Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau por el ‘caso Nummaria’
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha acordado la anulación de la sentencia que absolvió a la actriz Ana Duato y al productor Miguel Ángel Bernardeau en el marco del denominado ‘caso Nummaria’. El tribunal ha dispuesto que el juicio oral deba repetirse ante un nuevo tribunal compuesto por magistrados distintos, al considerar que la resolución previa carecía de la motivación lógica y racional necesaria para sustentar la absolución de ambos acusados.
Según la resolución judicial, la Sala de Apelación ha estimado que las razones expuestas en la sentencia recurrida no cumplen con las exigencias de motivación jurídica requeridas. El tribunal ha precisado que, si bien su competencia en esta instancia no permite revocar un juicio de culpabilidad ni dictar una condena directa, sí posee la facultad de revisar si los argumentos de la absolución se ajustan a los estándares constitucionales y legales de razonabilidad.
En el mismo fallo, los magistrados han revisado la situación penal de Fernando Peña, responsable del despacho fiscal Nummaria. La condena impuesta originalmente de 80 años de prisión ha sido rebajada a 78 años, tras determinarse la prescripción de uno de los delitos fiscales por los que fue procesado. Asimismo, se ha procedido a una reducción en algunas de las cuotas defraudadas vinculadas a delitos cometidos por diversos clientes del asesor fiscal.
El procedimiento judicial investiga una presunta estructura societaria diseñada para la elusión de obligaciones tributarias a través del despacho de abogados Nummaria. Con esta decisión, el proceso retrocede a la fase de juicio oral para Duato y Bernardeau, lo que implicará una nueva valoración de las pruebas y testimonios presentados por el Ministerio Fiscal y las defensas en relación con las presuntas irregularidades fiscales que se les imputan.
La resolución de la Sala de Apelación subraya la importancia de la tutela judicial efectiva, señalando que cualquier pronunciamiento judicial, especialmente en casos de gran complejidad técnica como los delitos contra la Hacienda Pública, debe estar debidamente fundamentado para evitar la arbitrariedad en la aplicación de la norma penal.
