Arranca el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz
La Audiencia Provincial de Badajoz ha iniciado este jueves la vista oral por las presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, como coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz en 2017. El proceso, que cuenta con otros diez investigados, se retoma tras dos años de instrucción y una abundante carga probatoria basada en correos electrónicos y declaraciones testificales.
La primera sesión del juicio se ha centrado en la resolución de las cuestiones previas planteadas por las partes. Las defensas de los investigados han invocado posibles nulidades procesales relacionadas con el acceso a las comunicaciones electrónicas y han cuestionado la competencia del tribunal predeterminado. Por su parte, la acusación popular ha defendido la validez del procedimiento, asegurando que la instrucción se ha desarrollado bajo un estricto rigor jurídico avalado por la propia Audiencia Provincial.
Marta Castro, coordinadora nacional jurídica de Vox y letrada de una de las acusaciones populares, ha manifestado al término de la jornada que la estrategia de la acusación se encamina a demostrar la existencia de delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Según la letrada, las pruebas apuntan a que el proceso de contratación fue diseñado específicamente para favorecer a David Sánchez, calificándolo como un «traje a medida».
Durante la comparecencia ante los medios, Castro ha criticado lo que considera un intento de «aforamiento fraudulento» por parte de Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE de Extremadura, con el fin de evitar el enjuiciamiento ordinario. Asimismo, la acusación popular ha expresado su sorpresa ante la recusación del tribunal planteada por las defensas en esta primera sesión del plenario.
En el marco del desarrollo de la vista, la acusación ha señalado también la postura de la Fiscalía en este procedimiento. Castro ha aseverado que el Ministerio Público no mantiene una posición acusadora activa en el caso, sugiriendo que el entorno del Partido Socialista ha intentado proteger a los cargos enjuiciados y a los familiares del presidente del Gobierno vinculados a la causa.
El juicio continuará en las próximas jornadas con la fase testifical, donde se espera que las declaraciones profundicen en la cadena de mando y las decisiones administrativas que permitieron el nombramiento de Sánchez. La acusación popular ha reafirmado su intención de actuar con contundencia para esclarecer si existió un uso irregular de los fondos públicos en la administración provincial.
