Julio Martínez, investigado en el caso Plus Ultra, confía su defensa a la abogada María Dolores Márquez de Prado
El empresario Julio Martínez Martínez, figura central en la investigación judicial sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra y el presunto tráfico de influencias vinculado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha designado a la abogada María Dolores Márquez de Prado para dirigir su representación legal. Este movimiento se produce tras la renuncia de su anterior abogado, el catedrático Bernardo del Rosal, quien abandonó la causa por discrepancias en la estrategia de defensa.
Márquez de Prado, con una extensa trayectoria jurídica que incluye diecisiete años como fiscal en la Audiencia Nacional y ejercicio en el Tribunal Supremo, asume la defensa en un momento crítico del proceso. La letrada es reconocida por su intervención en causas de alta relevancia mediática, habiendo representado a Rosalía Iglesias en el caso Gürtel y a otras figuras en procedimientos como los casos Nummaria y Villarejo. Comparte despacho con su marido, el exjuez y exvocal del CGPJ Javier Gómez de Liaño.
El magistrado instructor sitúa a Martínez como la «figura visible» y el presunto «lugarteniente» de una trama que habría mediado ante autoridades nacionales e internacionales. Según los informes que obran en la causa, el empresario actuaba como enlace en una red de influencias en cuyo vértice el juez ubica al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha sido citado a declarar los próximos días 17 y 18 de julio.
La investigación se apoya, entre otras pruebas, en las libretas incautadas por la Policía a Julio Martínez. Estos documentos contienen anotaciones detalladas sobre altos cargos del Gobierno de Venezuela y referencias directas a empresas estatales de dicho país, como PDVSA o CVG, relacionadas con la explotación de recursos naturales como petróleo, gas y oro. Los investigadores analizan si estos contactos facilitaron decisiones administrativas favorables a terceros.
El eje central del procedimiento judicial es la ayuda pública de 53 millones de euros concedida a Plus Ultra en el año 2021. El juzgado investiga si dicho rescate financiero fue fruto de una trama de tráfico de influencias orientada a favorecer a la aerolínea mediante gestiones irregulares ante la administración pública. Con la incorporación de Márquez de Prado, el principal investigado busca reorientar su postura procesal ante la fase de declaraciones testificales y periciales programadas para el periodo estival.
