El Gobierno reserva la zona minera de San Silvestre de Guzmán para la exploración de materias primas críticas
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha formalizado este viernes, a través de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la reserva de la zona minera de San Silvestre de Guzmán, en la provincia de Huelva, a favor del Estado. Esta decisión se enmarca en el Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030 y tiene como objetivo principal la investigación de minerales estratégicos fundamentales para la economía europea y la seguridad del suministro industrial.
La zona reservada abarca una superficie de 4.663 cuadrículas mineras situadas en la denominada Faja Pirítica Ibérica, una región reconocida internacionalmente por albergar una de las mayores concentraciones de depósitos masivos de sulfuros del mundo. Los trabajos de exploración y estudio para la posible recuperación de recursos en residuos mineros serán ejecutados conjuntamente por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y la empresa pública Hunosa durante un periodo mínimo de tres años.
Según ha informado el gabinete que dirige la ministra Sara Aagesen, durante el presente ejercicio se procederá a la redacción de los proyectos de ingeniería y geología, así como de los planes de restauración ambiental pertinentes. La hoja de ruta técnica contempla la realización de vuelos geofísicos, recogida de muestras superficiales, campañas geoquímicas y sondeos, integrando en todo momento medidas para la protección del entorno natural.
La investigación se centrará en una amplia gama de elementos, entre los que destacan el antimonio, bismuto, cobalto, cobre, litio, níquel, oro, plata y zinc, además de elementos del grupo del platino y otros asociados a los sulfuros polimetálicos. Estos minerales son considerados críticos por su papel esencial en la fabricación de componentes para la industria electrónica, el desarrollo de tecnologías limpias y la producción de energías renovables, pilares de la transición energética y la digitalización.
Las reservas mineras a favor del Estado son instrumentos legales diseñados para proteger y gestionar recursos de alto interés estratégico. Actualmente, el sistema cuenta con escasos precedentes activos, como la reserva de Agua Blanca en Badajoz, destinada al níquel y cobre, o la de Pinoso en Alicante, dedicada a la sal gema. Con esta nueva designación, el Estado asume la tutela de una zona con alto potencial para reducir la dependencia exterior de materias primas industriales.
Esta iniciativa legislativa y técnica refuerza la soberanía industrial del país, permitiendo que la gestión de estos recursos estratégicos pueda realizarse de manera directa por la Administración o mediante consorcios públicos, garantizando que el aprovechamiento de la riqueza mineral revierta de forma equilibrada en el interés general y la sostenibilidad del sector tecnológico nacional.
