La Audiencia de Badajoz declara prescrito el presunto delito de aceptación de nombramiento ilegal de David Sánchez

La Audiencia Provincial de Badajoz ha acordado declarar extinguida por prescripción la responsabilidad penal de David Sánchez en relación con el presunto delito de aceptación de nombramiento ilegal. El tribunal, que juzga las supuestas irregularidades en su contratación por la Diputación de Badajoz en el año 2017, ha determinado que el investigado no será finalmente procesado por este cargo específico tras estimar las cuestiones previas presentadas por las defensas.

El presidente de la sala, el magistrado José Antonio Patrocinio, comunicó la decisión durante la reanudación del juicio este lunes. Según el razonamiento jurídico expuesto, el delito de aceptación de nombramiento ilegal contempla una pena leve. El tribunal ha subrayado que, incluso en el supuesto de considerarse una infracción menos grave, el plazo de prescripción habría vencido igualmente, lo que obliga a su exclusión del ámbito subjetivo del enjuiciamiento.

En la misma resolución, la sala ha decidido exonerar al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, de los cargos relativos a la contratación de Luis Carrero en la institución provincial. El tribunal ha calificado la imputación como una «acusación sorpresiva», argumentando que el acusado no fue informado de estos delitos ni prestó declaración por ellos durante la fase de instrucción. Al no figurar estos hechos punibles en el auto de procedimiento abreviado, la sala ha procedido a expulsar dicha participación del proceso judicial.

Respecto al resto de las peticiones formuladas por las partes, el tribunal ha admitido las pruebas documentales propuestas, las cuales serán objeto de valoración en el momento de redactar la sentencia definitiva. No obstante, el resto de las cuestiones previas planteadas por los abogados defensores han sido desestimadas, bajo el criterio de que los argumentos detallados sobre estas denegaciones serán desarrollados en el fallo final.

Tras la resolución de estos incidentes procesales, el juicio ha continuado en la sede de la Audiencia Provincial con el inicio de las pruebas testificales. El procedimiento judicial prosigue su curso para esclarecer las posibles responsabilidades restantes en torno a la estructura administrativa y de contratación de la entidad provincial en el periodo investigado.