La justicia de los Países Bajos ha iniciado los trámites para la subasta pública de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, un edificio histórico valorado en 10 millones de euros. Esta medida ha sido impulsada por el fondo de inversión estadounidense Blasket Renewable Investments con el objetivo de ejecutar el cobro de la deuda que el Estado español mantiene con Eurus, filial de energías verdes de la compañía japonesa Toyota, tras los recortes a las primas de las energías renovables.
El proceso de liquidación se ampara en una decisión del Tribunal de Distrito de La Haya, que el pasado 19 de marzo autorizó el embargo del inmueble ante el impago de las indemnizaciones reconocidas por tribunales internacionales. El Gobierno de España recibió la notificación formal del embargo el 20 de abril, haciéndose efectiva la anotación preventiva cuatro días más tarde. La deuda acumulada exclusivamente por el caso Eurus asciende ya a 106 millones de euros, incluyendo intereses y honorarios profesionales.
El fundamento jurídico de la acción reside en el laudo arbitral dictado el 17 de marzo de 2021 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial. Dicha resolución, que es definitiva, reconoció el derecho de la inversora a ser compensada tras las modificaciones regulatorias retroactivas que afectaron a la rentabilidad de las plantas de energía renovable en España hace una década.
El inmueble afectado es un edificio de cuatro plantas situado en Domplein, una de las zonas de mayor valor patrimonial de Utrecht. Al estar registrado a nombre del antiguo Instituto Español de Emigración y no ser una embajada ni un consulado, la legislación internacional no le otorga inmunidad diplomática, lo que permite su embargo y posterior venta forzosa. En caso de que la subasta se complete, el Instituto Cervantes podría verse obligado al desahucio o al pago de un alquiler a los nuevos propietarios para mantener su actividad cultural.
Desde el Ministerio de la Presidencia y la Abogacía del Estado se ha interpuesto una apelación para tratar de frenar el proceso. La posición oficial de España sostiene que el pago de estos laudos podría contravenir el derecho de la Unión Europea, al ser considerados ayudas de Estado ilegales según la interpretación de la Comisión Europea. Sin embargo, los tribunales de diversas jurisdicciones internacionales han rechazado hasta ahora este argumento de forma sistemática.
El caso de Utrecht no es un hecho aislado. España afronta una ofensiva legal internacional que ya ha derivado en el embargo de activos en el Reino Unido —donde se intervino la sede del Cervantes en Londres y cuentas bancarias—, Australia, Bélgica y Estados Unidos. En total, las indemnizaciones pendientes de pago a inversores internacionales del sector energético superan los 2.300 millones de euros, afectando a más de una veintena de laudos arbitrales que el Estado español se niega a satisfacer.
