La exmilitante Leire Díez solicita la nulidad del registro en la sede del PSOE por presuntas irregularidades procesales
La exmilitante socialista Leire Díez ha solicitado ante la Audiencia Nacional la anulación de la resolución judicial que autorizó el registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede central del PSOE, ubicada en la calle Ferraz de Madrid. La defensa argumenta que el magistrado instructor, Santiago Pedraz, basó su decisión en información que debió ser expurgada de la causa por exceder el marco temporal de la investigación.
En el escrito presentado este lunes, al que ha tenido acceso la agencia EFE, la representación legal de Díez sostiene que el auto judicial del pasado 26 de mayo incluyó datos personales y profesionales que no guardan relación con el periodo investigado, comprendido originalmente entre los años 2021 y 2023. Según la recurrente, el magistrado habría utilizado elementos correspondientes al año 2024 para justificar la entrada de los agentes en la sede del partido.
La defensa recuerda que el juzgado ya había acordado la apertura de una pieza separada de expurgo, instando a la UCO a abstenerse de utilizar el contenido de los dispositivos electrónicos incautados hasta que se realizara dicha criba. El texto alega que las anotaciones, agendas y comunicaciones utilizadas para motivar el registro en Ferraz forman parte de la información que la investigada solicitó excluir por vulnerar sus derechos fundamentales y exceder el objeto autorizado judicialmente.
La participación de Leire Díez en la causa se enmarca en la presunta pertenencia a un grupo denominado «Hirurok», mediante el cual se habrían orientado expedientes de la Administración Pública en beneficio propio o de terceros a cambio de comisiones. La exmilitante, que desempeñó funciones en empresas públicas como Enusa y Correos, considera que el uso de material posterior a 2023 es «nulo de pleno derecho» al sobrepasar el ámbito constitucionalmente legítimo de la medida de investigación.
En consecuencia, el escrito solicita la nulidad de todas las actuaciones, informaciones y materiales recabados a través de los elementos objeto de expurgo, lo que afectaría directamente a la validez del registro efectuado el pasado miércoles. La defensa subraya que el fin del expurgo es impedir que el Estado conserve y explote información obtenida más allá de los límites fijados por la instrucción.
Este movimiento procesal coincide con la decisión del juez Pedraz de levantar parcialmente el secreto de sumario este lunes. En esta causa también figuran como investigados otros cargos y exdirigentes del Partido Socialista, entre ellos el secretario de Organización, Santos Cerdán; el exdirigente Gaspar Zarrías y la gerente del partido, Ana Fuentes, en el marco de una investigación sobre una presunta trama para interferir en causas judiciales que afecten a la formación o al Gobierno.
