El Consejo General del Poder Judicial expresa su preocupación ante las críticas de miembros del Gobierno a la labor judicial
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado una declaración institucional en la que manifiesta su «profunda preocupación» ante las recientes manifestaciones de altos cargos del Poder Ejecutivo. Según el órgano de gobierno de los jueces, estas declaraciones cuestionan la independencia y el sometimiento a la ley de diversas actuaciones judiciales, lo que supone un riesgo de erosión para la confianza ciudadana en el Estado de Derecho.
El máximo órgano de los jueces ha enfatizado que la independencia judicial y el derecho de defensa constituyen los pilares fundamentales sobre los que se asienta el sistema democrático. En su resolución, el CGPJ advierte que la descalificación de la función jurisdiccional o la atribución de fines ajenos a la garantía de las libertades son prácticas incompatibles con el respeto institucional que debe regir entre los distintos poderes del Estado.
La declaración institucional surge como respuesta a una serie de comentarios vertidos por integrantes del gabinete de Pedro Sánchez y otros líderes territoriales en relación con causas judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo y al Partido Socialista. El Consejo sostiene que estas insinuaciones, al sugerir una instrumentalización de la justicia, «debilitan los cimientos de una sociedad democrática avanzada».
Entre las intervenciones señaladas destaca la del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien comparó la redacción de sumarios judiciales con obras literarias. Asimismo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sugirió que algunas actuaciones judiciales buscan «derribar a un Gobierno» mediante herramientas ajenas a las urnas. Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, cuestionó la coincidencia temporal de ciertas investigaciones que implican a figuras del PSOE.
Finalmente, el CGPJ ha recordado la necesidad de mantener un clima de respeto hacia la función de los tribunales. El órgano subraya que el cuestionamiento de la responsabilidad judicial, lejos de fortalecer las instituciones, compromete los fundamentos constitucionales al poner en duda la neutralidad y el rigor de los magistrados en el ejercicio de sus competencias legales.
