El Consejo de Ministros aprueba el contrato-programa de Correos hasta 2030 con una inversión de 3.000 millones de euros
El Consejo de Ministros ha aprobado el contrato-programa plurianual que regulará las condiciones de prestación de los Servicios de Interés Económico General (SIEG) encomendados a la entidad pública Correos hasta el año 2030. Este nuevo marco normativo, que da cumplimiento a la modificación de la Ley Postal 43/2010 ratificada por las Cortes Generales en julio de 2025, contempla una inversión estatal de 3.000 millones de euros destinada a garantizar la viabilidad económica de la compañía y a expandir su catálogo de servicios públicos esenciales.
La planificación estratégica aprobada se articula en torno a la diversificación operativa de la red postal para mitigar la contracción de ingresos derivada del descenso de la correspondencia física. Entre las nuevas competencias que asumirá la corporación de forma inmediata destaca la capacidad de los ciudadanos para suscribir y adquirir títulos de deuda pública del Estado en las oficinas postales, así como la expedición presencial del certificado digital de usuario, facilitando el acceso a la administración electrónica en todo el territorio nacional.
El acuerdo estructura la actividad institucional de Correos para el próximo quinquenio en cuatro pilares fundamentales. El primero garantiza el mantenimiento operativo de la red de oficinas y puntos de atención en zonas rurales para asegurar la comunicación postal ordinaria. El segundo bloque establece un sistema de inclusión financiera obligatoria, mediante el cual Correos deberá asegurar el acceso a dinero en efectivo y servicios bancarios básicos en municipios de menos de 500 habitantes que carecen de sucursales bancarias privadas.
Como tercer eje, el contrato-programa consolida el modelo de «ventanilla única» universal. Este sistema faculta a las oficinas postales para actuar como centros de descentralización administrativa, permitiendo el registro de documentos oficiales, el pago de tributos, el cobro de subvenciones y la gestión de instancias con diversos organismos del Estado. Finalmente, el cuarto pilar sitúa la infraestructura logística y el personal de la compañía a disposición de las autoridades para su movilización inmediata en situaciones de emergencia climática o crisis de seguridad nacional.
Desde el punto de vista operativo, este respaldo legal formaliza actividades que el operador ya desempeñaba, como el servicio de provisión de liquidez Correos Cash o el soporte logístico prestado ante catástrofes naturales, tales como los recientes temporales en Andalucía y Extremadura. Asimismo, la red postal continuará prestando apoyo material en los procedimientos de información y gestión vinculados a la regularización de inmigrantes impulsada por el Ejecutivo.
El presidente de Correos, Pedro Saura, ha señalado que este contrato-programa ratifica el valor estratégico de la empresa pública como herramienta de cohesión territorial. Según ha manifestado la entidad, el despliegue tecnológico y la capilaridad de la red permitirán avanzar hacia la igualdad de oportunidades y la justicia social, garantizando que los ciudadanos de áreas afectadas por el reto demográfico no queden excluidos de los servicios financieros y burocráticos del Estado.
