El juez Pedraz reclama la investigación sobre Leire Díez para unificar la causa por presunta obstrucción a la Justicia
El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha solicitado formalmente al titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, la remisión de la causa que investiga las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez. El objetivo de esta petición es unificar ambas investigaciones en un solo procedimiento centralizado en el órgano judicial nacional, al considerar que los hechos forman parte de una trama coordinada para interferir en procesos judiciales abiertos.
Según informaron fuentes jurídicas, el juez Pedraz fundamenta su reclamación en que las pesquisas dirigidas por el juzgado madrileño están estrechamente vinculadas con la causa que él mismo instruye en la Audiencia Nacional. Esta investigación principal analiza la existencia de una presunta estructura criminal que habría tenido como fin último obstaculizar y desestabilizar aquellos procedimientos judiciales que pudieran comprometer a miembros del Gobierno o del PSOE.
En el procedimiento que hasta ahora instruía el magistrado Zamarriego, se atribuye a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol una actuación delictiva continuada. Según las diligencias previas, los investigados habrían actuado de forma coordinada para obtener información comprometida o irregular sobre altos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción.
La tesis del juez Pedraz sostiene que estas acciones no fueron aisladas, sino que se integran en una estrategia de mayor alcance. En autos recientes, el magistrado de la Audiencia Nacional ha señalado indicios de una trama cuya coordinación operativa recaería en Díez, bajo el liderazgo estratégico de figuras de mayor relevancia política, con el fin de «malbaratar» investigaciones en casos de especial relevancia pública.
La investigación en los juzgados de Plaza de Castilla se originó a raíz de una denuncia presentada por la asociación Hazte Oír. El escrito hacía referencia a una serie de reuniones en las que Leire Díez habría ofrecido supuestos favores al empresario Alejandro Hamlyn, investigado en una causa por fraude de hidrocarburos, a cambio de información que pudiera ser utilizada contra los investigadores del caso.
A estas diligencias se sumaron los testimonios de los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda, quienes denunciaron haber sido objeto de aproximaciones por parte de Díez. Según el relato judicial, la investigada habría intentado recabar datos sensibles de sus departamentos a cambio de contraprestaciones económicas, en un intento por anular la validez de las pruebas recabadas en diversos procesos de corrupción.
Con la unificación de las causas, la Audiencia Nacional busca determinar el alcance real de esta presunta red de influencias y si existió una financiación estructurada para llevar a cabo estas actividades de desestabilización institucional. La decisión final sobre la acumulación de los procesos dependerá ahora de la respuesta del juzgado de instrucción madrileño y de la posible intervención de la Sala de lo Penal en caso de conflicto de competencias.
