Visto para sentencia el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz
El juicio que investiga la legalidad de la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la Diputación de Badajoz, ha quedado visto para sentencia este martes. Tras la presentación de los informes definitivos de las defensas, los representantes legales de los once acusados han solicitado de manera unánime la libre absolución, argumentando la inexistencia de indicios delictivos en el proceso administrativo.
Durante la última sesión de la vista oral, el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha hecho uso de su derecho a la última palabra para defender la gestión de la corporación provincial. Gallardo, para quien las acusaciones solicitan penas de hasta seis años de prisión por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, ha calificado el proceso como un intento de judicialización política encabezado por las acusaciones populares.
Según la exposición de Gallardo ante el tribunal, las organizaciones que ejercen la acusación popular —entre las que se encuentran el Partido Popular, Vox y HazteOir— han buscado generar un «juicio mediático paralelo» por encima del interés jurídico en el plenario. El expresidente provincial ha sostenido que la motivación principal de las acusaciones reside en la discrepancia ideológica con los procesados.
Por su parte, David Sánchez ha declinado ejercer su derecho a la última palabra ante el tribunal. Su defensa técnica ha mantenido durante todo el proceso que no concurre «ningún signo objetivo» de irregularidad en su incorporación a la institución provincial. Los informes de las defensas subrayan que el procedimiento de contratación cumplió con los requisitos normativos exigidos para este tipo de puestos en la administración local.
Con la conclusión de los informes y las declaraciones finales, el tribunal inicia ahora el periodo de deliberación para dictar una sentencia que determine si hubo responsabilidad penal en los delitos de prevaricación y tráfico de influencias señalados por las acusaciones. El caso se cierra a la espera de un fallo que pondrá fin a uno de los procesos judiciales con mayor repercusión institucional de los últimos meses en Extremadura.
