La UCO blinda sus instalaciones con sistemas de contrainteligencia ante el riesgo de espionaje
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha formalizado la adquisición de un sistema avanzado de contramedidas electrónicas con el objetivo de blindar sus dependencias y comunicaciones frente a posibles intentos de espionaje. La medida, que se materializó a través de un contrato de 83.100 euros, busca proteger la integridad de las investigaciones judiciales en un contexto marcado por presuntas maniobras de infiltración y una creciente presión administrativa sobre los mandos de la unidad.
La adjudicación ha recaído en la empresa General Comunicaciones y Seguridad S.A. (Gecomse), una firma especializada que colabora con las fuerzas de seguridad del Estado desde 1989. El contrato, tramitado mediante un procedimiento negociado sin publicidad y bajo estricta confidencialidad, contempla el suministro de equipos TSCM (Technical Surveillance Counter-Measures), destinados específicamente a la detección de micrófonos ocultos, cámaras encubiertas y dispositivos de rastreo que operen mediante radiofrecuencia o redes móviles.
Según fuentes del Instituto Armado, estos equipos no están diseñados para la interceptación de comunicaciones de terceros en el marco de investigaciones, sino para funciones de autoprotección y contrainteligencia. Los dispositivos permiten realizar barridos electrónicos exhaustivos en salas de reuniones, vehículos oficiales y despachos para localizar balizas GPS o sistemas de escucha activa que pudieran comprometer la reserva de las actuaciones policiales. Este refuerzo tecnológico se complementa con otro contrato reciente, superior a los 300.000 euros, destinado a potenciar las capacidades de análisis del sistema de evidencias acústicas.
La necesidad de extremar estas precauciones técnicas coincide con las revelaciones sobre la denominada «trama Leire», una red presuntamente articulada para obtener información privilegiada sobre causas de corrupción que afectan a esferas gubernamentales. Las diligencias judiciales han detectado intentos de captación de efectivos dentro de la propia unidad, como el caso del oficial Juan Sánchez Yepes, con el fin de facilitar datos internos a agentes externos. Estos episodios han consolidado a la UCO como un objetivo prioritario para grupos interesados en monitorizar o desarticular pesquisas sensibles.
Más allá de las amenazas externas, la unidad ha atravesado un periodo de alta tensión interna derivado de la fiscalización por parte de la cúpula del cuerpo. El Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, ordenó la apertura de hasta tres informaciones reservadas contra el coronel Rafael Yuste durante su etapa al frente de la UCO. Aunque estos expedientes —motivados oficialmente por supuestas filtraciones a los medios— concluyeron sin la atribución de responsabilidades, sectores de la unidad los interpretan como una medida de presión excepcional sobre los investigadores encargados de casos con implicaciones políticas.
En este escenario de fiscalización, la Dirección General de la Guardia Civil llegó a solicitar organigramas nominales de los oficiales al mando de las investigaciones que afectaban a figuras del entorno del Ejecutivo. Asimismo, se han documentado instrucciones para que los agentes adoptaran una postura de cautela en determinadas causas, supuestamente para evitar interferencias en la iniciativa judicial. Con la implementación de los nuevos sistemas de contramedidas, la UCO busca garantizar un entorno de trabajo hermético que preserve la autonomía y la confidencialidad de sus funciones como policía judicial de referencia.
