La Dirección General de la Policía activa un plan de choque para la expedición de permisos ante la regularización migratoria

La Dirección General de la Policía ha aprobado un plan de choque con el objetivo de gestionar el incremento en la tramitación de Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE), derivado del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. La medida, que contempla la ampliación de horarios y la realización de horas extraordinarias, ha generado críticas entre los sindicatos policiales debido a la disparidad en las retribuciones previstas para estos servicios especiales en comparación con otras funciones operativas.

La instrucción operativa de la Subdirección de Recursos Humanos establece la apertura de las oficinas de Documentación en turnos de tarde, de 16:00 a 20:00 horas, y los sábados de 09:00 a 14:00 horas. Este refuerzo busca absorber la demanda de expedientes vinculados a la regularización, que según datos de la Abogacía del Estado, contaba a finales de mayo con 549.546 solicitudes presentadas y más de 91.000 ya admitidas a trámite.

El núcleo del conflicto sindical radica en la compensación económica asignada a estas jornadas adicionales. Según denuncian diversas organizaciones, el Ministerio del Interior abonará 25 euros por hora a los agentes destinados a este plan de choque. Esta cifra contrasta con las cuantías percibidas por servicios extraordinarios de carácter operativo, dispositivos especiales o cobertura de carencias de personal, que se mantienen en niveles significativamente inferiores.

Jupol, el sindicato mayoritario en el cuerpo, ha calificado esta diferencia como un «agravio comparativo». Según las tablas salariales facilitadas por la organización, un agente que realice ocho horas extra para la expedición de TIE percibirá 200 euros, mientras que un policía en un servicio especial ordinario cobraría aproximadamente 80 euros por el mismo tiempo. La organización censura que esta decisión transmite el mensaje de que existen «servicios de primera y de segunda categoría» dentro de la institución.

El plan se activará de forma progresiva en el momento en que se produzca la entrada masiva de resoluciones de residencia. Por el momento, la participación está restringida al personal destinado en las unidades de Documentación, con un límite máximo de 45 horas extraordinarias mensuales por funcionario. Los sindicatos han solicitado que esta remuneración se extienda a cualquier agente con capacidad para estas funciones y que se garantice un procedimiento de inscripción transparente.

Además de la cuestión salarial, los representantes de los trabajadores han manifestado su preocupación por la sobrecarga estructural de las plantillas. Señalan que el recurso a las jornadas adicionales evidencia una falta de planificación estructural frente a una carga de trabajo previsible. Asimismo, recuerdan que el sistema ya atraviesa dificultades técnicas, tras las recientes denuncias por fallos recurrentes en las aplicaciones informáticas de expedición que han provocado retrasos y acumulación de citas.

Desde el ámbito administrativo, el Ministerio de Migraciones es el responsable de la tramitación y resolución de los expedientes, mientras que el Ministerio del Interior supervisa los antecedentes policiales y la veracidad documental. Con esta medida, el Ejecutivo busca agilizar el último trámite del procedimiento administrativo, aunque deberá enfrentar la petición sindical de homogeneizar los criterios retributivos y garantizar los descansos mínimos conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales.